La vicepresidenta Gimena Llamedo realizó la primera ronda de contactos con los portavoces de la oposición para mejorar el proyecto de Ley de Reto Demográfico; la iniciativa responde a una petición del PP que el presidente Adrián Barbón aceptó con inmediatez. En la pasada legislatura ya se realizó un dictamen sobre el problema que fue compartido por todos los partidos, excepto Vox; toca ahora trasladar las ideas al articulado de la norma. Se dan las condiciones idóneas para que la tramitación parlamentaria sea exitosa y tengamos un instrumento para combatir la caída demográfica. Hay un acuerdo generalizado que parte del diagnóstico de estar ante el mayor problema de la región. El relevo laboral, la transformación industrial, la crisis ganadera o la financiación de la sanidad no tendrán solución si los decesos triplican a los nacimientos. Una comunidad de ancianos no tiene ningún futuro porque es totalmente dependiente. No se puede ser más siendo cada año menos. Todos los países económicamente prósperos tienen una demografía saneada, excepto Japón que ya vivió su «década pérdida».

Se dan las condiciones para luchar contra el declive, pero tenemos un problema grave si los diputados vuelcan toda la atención en el medio rural. Es un problema regional y más del 80% de la región es urbana. Con la mejor intención del mundo Diego Canga presentaba las propuestas del PP, donde se contemplan desgravaciones fiscales para personas de más de 70 años que vivan solas en la zona rural. ¿Por qué no hay desgravación para los septuagenarios solitarios de Avilés, que en los últimos veinte años perdió más habitantes que la suma de los que viven en Tapia de Casariego y Colunga, por coger dos municipios de las alas? Esa ayuda tiene una indudable finalidad social, pero desde una perspectiva demográfica es neutra. Ni atrae habitantes ni los expulsa.

También, con la mejor intención del mundo, el PP propone bonificar el IBI en municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿En qué país se alivia la carga fiscal a los ciudadanos por el hecho de vivir en territorios pequeños? Tener 5.000 habitantes en un ayuntamiento no implica estar en una situación demográfica y económica peor que otro que tenga 75.000. Por ejemplo, Noreña está al borde de los 5.000 (5.088 en 2022), quizás el próximo año quede por debajo y es un territorio rico, próspero y con empleo. Sería un agravio comparativo bonificar el IBI a sus vecinos y no hacer lo mismo en otros. Señores diputados, sean críticos. Piensen en informal.