Tras las elecciones generales estaba marcada en la agenda política la fecha del 17 de agosto, como el día en que se dirimía qué alternativa era parlamentariamente ganadora, la encabezada por Núñez Feijóo o la liderada por Pedro Sánchez. Desde el balcón de Génova, el dirigente del PP escenificó su victoria en la noche electoral con el argumento de que sacó más diputados. El presidente del Gobierno, en funciones, hizo lo propio desde la sede socialista de Ferraz, esgrimiendo que tenía más apoyos para la sesión de investidura. A su lado, María Jesús Montero daba brincos para dar verosimilitud al relato.

Voy a hacer un paréntesis para acabar con malos entendidos. Desde antes de los comicios, Feijóo mantenía la tesis de que debía gobernar quien encabezara la lista más votada. En el debate electoral, cara a cara, con Sánchez, insistió en que debían firmar un documento comprometiéndose a dejar el poder al que obtuviera más sufragios. A mucha gente le pareció bien, pero otra mucha discrepó. Llamativamente, nadie entró en el fondo del asunto.

El meollo de la cuestión está en que la fórmula de Feijóo sirve para salir investido presidente, pero no garantiza la estabilidad del Gobierno. La clave es la gobernabilidad y esa no queda asegurada con el pacto de caballeros. Se le puede pedir al líder de la oposición que no bloquee la investidura, pero no que avale presupuestos y leyes. Para llegar a esa sintonía hay que negociar un pacto de legislatura o la formación de un gobierno de gran coalición. En España, desde 2015, ese tipo de acuerdos están descartados. Para interpretar ese guion hay que ser alemán.

Visto que la oferta de Feijóo no soluciona el problema de la gobernabilidad, reconozcamos que como elemento de legitimación para optar a presentar a los diputados un programa de gobierno, el argumento de ser el más votado es potente. La victoria de Feijóo sobre Sánchez fue de idénticas proporciones a la de Zapatero sobre Rajoy, en 2004: dieciséis escaños de diferencia.

Tras los comicios, Feijóo rechazó, con buen juicio, seguir la senda de Inés Arrimadas, cuando ganó las elecciones catalanas y por falta de apoyos rehusó presentar su candidatura a la investidura. Por cierto, antes que Arrimadas, Rajoy también se inhibió en 2016, tras haber ganado las elecciones el PP con 123 escaños.

Reivindicar la victoria electoral era el pilar del PP para jugar un papel fuerte en la legislatura. El escaño recuperado en Madrid ponía el marcador en 172 para la derecha, frente a 171 del bloque izquierda-nacionalistas, de cara a la investidura. La suerte del mandato quedaba en manos de Puigdemont. Cosas de la política: el hombre que es esposado si pone un pie en España, tiene atado de pies y manos al presidente del Gobierno.

Así estaban las cosas hasta el 17 de agosto, cuando Feijóo, inexplicablemente, da la orden a los suyos para que no votaran al candidato de Vox para formar parte de la mesa del Congreso de los Diputados. Por primera vez en 30 años el tercer partido del Congreso no tiene representante en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. La reacción de Santiago Abascal fue fulminante, retiró el apoyo a Cuca Gamarra, candidata del PP a presidir el Congreso. Resultado final: 178 votos contra 139. Sánchez gana enteros para que el Rey le otorgue la posibilidad de presentarse como candidato a la investidura.

Para justificar el disparate del PP dijeron que Feijóo quería seducir al PNV. Es decir, para ganar 5 escaños, pierden los 33 de Vox. Políticamente parece que Feijóo acaba de llegar a Madrid y no sabe que el PNV se asocia siempre con el que gana. Si el PP tuviera diez escaños más (147), el PNV ya estaría negociando. En la misma semana tuvieron redaños los nacionalistas vascos para aprobar los presupuestos de Rajoy y apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy.

Feijóo llega debilitado al trámite de consultas del Rey con los portavoces políticos y dejando a la vista de todos que no tiene una política sobre Vox. Rechaza que tenga la cuarta Vicepresidencia del Congreso de los Diputados, pero acepta que en cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Castilla y León, Valencia, Extremadura y Aragón) haya cuatro vicepresidentes de Vox.

Dicen que su modelo de relación con Vox es el de Moreno Bonilla. No es usual que los líderes nacionales se inspiren en las estrategias de los responsables autonómicos. El presidente andaluz trató a Vox de maneras opuestas. Aprobó los tres primeros presupuestos con Ciudadanos y Vox. En 2019, fue él quien lanzó la campaña de «España Suma» para las elecciones generales de abril, con el argumento de que «si sumamos después (de las elecciones), por qué no antes». A Pablo Casado le gustaba la campaña, pero a Feijóo no, porque en Galicia gobernaba solo.

Posteriormente, en junio de 2022, tras ganar las segundas elecciones con mayoría absoluta en Andalucía, Bonilla no tuvo piedad con Vox. No entiendo cómo no le explica estas cosas el enigmático Elías Bendodo a su jefe.

Mientras desde el Gobierno se negocia acuerdos increíbles con Puigdemont (una amnistía que exonere a todos los condenados o acusados por desordenes públicos desde 2013, entre ellos la docena de miembros de CDR procesados por pertenecer, presuntamente, a una organización terrorista), Feijóo no se atreve a iniciar la más leve entente con Santiago Abascal. Algo va mal en el PP.