Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, ha dado explicaciones sobre el coste económico que supondrá para los asturianos pasar de apilar los residuos orgánicos en el vertedero de Cogersa a tratarlos en la nueva planta de basura bruta que va a empezar a funcionar dentro de unas semanas. Primero informa la prensa y, luego, Gobierno y oposición entran en materia. Es una secuencia habitual: se publicó la noticia de los trenes que no caben en los túneles y dos semanas más tarde Gobierno y Parlamento hicieron acuse de recibo. En líneas generales, lo que dijo la consejera ya lo conocían los lectores de EL COMERCIO.

En los tiempos del presidente Fernández, la mayoría parlamentaria que sustentaba al Gobierno no se puso de acuerdo en torno a la construcción de una incineradora. IU la rechazaba por razones medioambientales. En la segunda legislatura del presidente Fernández acordaron una actuación alternativa, la planta de basura bruta. No cumplía la misma función, ya que con la incineradora la quema de residuos pone punto final al proceso, mientras que con la planta de basura bruta, tras realizar todas las operaciones, siguen quedando 160.000 toneladas de combustible sólido en espera de cliente. En la actualidad, con la tecnología experimentada y el tipo de residuos que se generan en Asturias, la única salida posible es la quema de las 160.000 toneladas ¿Vuelta a la incineradora? Para no reconocer el fracaso político que supone desempolvar la solución planteada en la primera década del siglo (incineradora), la salida pasa por quemar en instalaciones ajenas a Cogersa, empezando por la central térmica de La Pereda y, quizás, térmicas asturianas e industrias foráneas. En conclusión, no tendremos incineradora, pero quemaremos residuos sólidos en otras plantas y el proceso saldrá mucho más caro. Se encargó la propia Roqueñí de reconocerlo al afirmar que utilizando la planta de basura bruta la tonelada de desperdicios tendrá un coste de 85,7 euros, mientras que tirándola al vertedero sale a 24,5 euros. La diferencia para los ciudadanos será mayor porque, hasta ahora, Cogersa no trasladaba todo el coste del proceso a los ayuntamientos y estos tampoco lo repercutían íntegro a los vecinos. Con la Ley de Residuos de la ministra Teresa Rivera el coste del tratamiento deben pagarlo en su totalidad los ciudadanos.

Las vacilaciones y errores de la clase política asturiana nos llevan al punto de partida, con un sistema de gestionar las basuras caro e insostenible.