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Juan Neira

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TROCEAR RENFE

Los comités de empresa de Renfe y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han convocado huelga, por unanimidad, para dos días de finales de noviembre y tres de principios de diciembre. Muestran el rechazo al traspaso de competencias de la red de trenes de cercanías a la Generalitat catalana. Los sindicatos consideran innegociable mantener la integridad de las infraestructuras y del material rodante. En definitiva, quieren que vías, estaciones, máquinas, vagones, etcétera, sigan formando parte del capital físico de Adif y Renfe. También exigen garantizar los derechos de los trabajadores, tanto sean económicos, profesionales o relativos a la movilidad.

A los negociadores de la investidura de Pedro Sánchez les crecen los problemas. No sólo son las complicaciones que surgen al tratar de consensuar la ley de amnistía o las derivadas de algunas iniciativas judiciales que afectan a los más relevantes beneficiarios de la futura norma (Carles Puigdemont, Marta Rovira), sino asuntos ajenos al Código Penal, pero que chocan de lleno con las aspiraciones de los independentistas catalanes. En el documento donde se plasman los acuerdos alcanzados entre PSOE y ERC ocupa un lugar señero el traspaso de competencias sobre los trenes de cercanías. El rechazo sindical está cargado de razón, pero en cuestión de transferencia de competencias ha habido tantas dejaciones por parte de todos los gobiernos de España, sin excepción, que la reivindicación sindical parece propia de un tiempo lejano, cuando el desmadre autonómico todavía no había cogido velocidad de crucero. En efecto, cuando una empresa pública presta servicio en todo el territorio nacional no hay razón alguna para trocearla. Si a la Generalitat le apetece jugar con su ‘tren eléctrico’, como hacíamos en nuestra infancia, que lo adquiera con sus dineros. El acuerdo sobre la transferencia es gravoso para el Estado porque está lleno de salvaguardas para los nuevos gestores, que eliminan los riesgos inherentes a toda aventura empresarial con los recursos del vendedor. La huelga es un aldabonazo para unos políticos que compran la investidura con trenes. En fin, qué vamos a decir en un país donde hubo barones autonómicos que pretendieron ‘blindar’ las aguas de los ríos reservando equis metros cúbicos de caudal para su región.

La protesta sindical va a interferir en la entrada en servicio de la variante de Pajares, porque la obra se estrena en jornada de huelga. Vendrán días mejores.

 

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