El presidente del Principado ha adelantado algunas características del proyecto presupuestario para 2024 que va a negociar con la oposición. En la misma rueda de prensa también ha hecho balance de los primeros cien días del Gobierno de coalición.

Lo más interesante, sin duda, es todo lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo año, que alcanzará la cuantía de los 6.000 millones de euros, la cifra más alta de la etapa autonómica. Hace diez años, las cuentas regionales estaban en 3.800 millones. Cuando presenten el proyecto se podrá comprobar el peso que tienen los fondos extraordinarios que llegan de Bruselas en la financiación del gasto. Hago esta puntualización porque el presidente Barbón adelantó que la inversión se acercará a los 1.000 millones, una cifra que casi iguala lo que se invertía en 2009 y 2010, cuando en plena crisis económica, causada por las hipotecas ‘subprime’, los gobiernos aplicaban recetas ‘keynesianas’, utilizando la palanca del déficit como forma de salir del agujero (así sufrimos luego). En este caso la explicación está, forzosamente, en el dinero de Europa. Ya ocurrió en el presupuesto que está actualmente en vigor, que experimentó un incremento en las cifras del 11,4% sobre el de 2022. Gracias a la abundancia de recursos, por primera vez se aportó una cuantía importante de dinero al impulso a la natalidad y a luchar contra la despoblación en el medio rural.

Adrián Barbón anuncia un presupuesto «social, progresista y transformador». Durante muchos años, al presentarlo, los presidentes socialistas recurrían al siguiente latiguillo: «expansivo, inversor y social». En la misma línea. El presidente dijo que se aplicará una política fiscal que favorezca la natalidad y al medio rural, tal como se hizo en los presupuestos vigentes. También señaló que se iba a apostar por la vivienda. Esto es una novedad interesante, porque hace frente a un problema real. En el caso de Asturias, en la memoria de todos está el desastre habido en la entrega de ayudas al alquiler del Principado en el anterior mandato y, ahora, nos encontramos ante una problemática nacional, que también nos afecta a nosotros, como es la creciente dificultad de acceso a la vivienda. Hay un problema de oferta tanto en el mercado de la compra-venta, como en el del alquiler de inmuebles. El Principado tiene que movilizar recursos propios y ajenos para aumentar la oferta, que, paradójicamente, se ha restringido por la Ley de Vivienda que infunde más temor que confianza.