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Juan Neira

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LA RUTA DE LOS PACTOS

El aspecto más llamativo del texto donde queda plasmado el pacto entre PSOE y Junts no es la onírica recreación de la historia de Cataluña o la facilidad con que convierten un acuerdo de investidura en un tratado internacional con ‘mecanismo’ de mediación incluido, sino que ambas partes digan que tienen «discrepancias estructurales», «desconfianzas mutuas» o «profundas divergencias» sobre lo más sustancial del acuerdo que son las soluciones propuestas.

Leyendo el texto se entiende que la negociación haya sido larga y exasperante para ambas partes, porque en caso contrario se hubieran limitado a narrar las coincidencias. Del relato se desprende que Puigdemont convirtió la negociación en un desahogo y Santos Cerdán (número 3 del PSOE) renunció a argumentar, temeroso de incurrir en falta de respeto, y se centró en dejar impresas las objeciones de rigor.

El comunicado final convierte la investidura de Pedro Sánchez en un punto y seguido, porque a los pocos días de ser elegido presidente empieza el primer encuentro internacional (dicen que en Suiza), con las dos delegaciones, española y catalana, flanqueadas por la cuadrilla de relatores.

Si se cumplen las previsiones, resueltas las cuestiones metodológicas, empezarán a hablar enseguida de referéndum de autodeterminación y del nuevo estatus de Cataluña, como nación. No será como otras veces, cuando no existían plazos ni citas, sino que esta vez todo será tramitado de urgencia.

Imagino las sesiones de negociación como un toma y daca permanente, que por muchas maniobras de distracción que prodiguen los representantes socialistas, habrá que entrar en la vía de buscar un punto intermedio, como ocurre en todas las negociaciones constructivas.

Premisas

El proceso negociador se iniciará marcado por dos premisas: si los independentistas consideran, en un momento dado, que el PSOE no va a hacer concesiones sustanciales sobre asuntos nucleares pondrán fin a la legislatura; Pedro Sánchez no puede convocar elecciones generales hasta 2025, si quiere evitar una derrota cierta en las urnas.

De todo lo anterior se desprende una consecuencia: los acuerdos alcanzados con Junts, ERC y PNV por los socialistas evidencian que Pedro Sánchez cruzó el Rubicón. El proyecto político que nace en la sesión de investidura, de esta semana, no podrá tener como grandes referencias la interpretación cristalina del texto constitucional, la defensa explícita de la monarquía parlamentaria o el respeto sin tacha a la independencia del poder judicial. En caso contrario, no habría llegado a unos acuerdos tan rasposos, de indigerible lectura para un ciudadano demócrata. Es más, Sánchez hubiera contado, igualmente, con los votos de Junts y PNV, sin hacer tantas concesiones como párrafos hay en los textos pactados, porque esos dos grupos necesitan tanto a Sánchez para lograr sus objetivos, como el presidente en funciones a ellos.

Nadie debe escandalizarse porque la evolución del proyecto político encabezado por Sánchez ya empezó en la pasada legislatura, con los decretos-ley, como única forma de iniciativa parlamentaria, con la evitación de los órganos reguladores y consultivos, con los ataques a los jueces, con el interés por el accionariado de algunas grandes empresas. Por no hablar de la metamorfosis producida en el PSOE.

Anticonstitucionales

Aceptó firmar unos acuerdos escorados a favor de los intereses nacionalistas porque toca integrar en el discurso político una parte de sus aspiraciones. No se puede seguir gobernando con los anticonstitucionales, como únicos socios, desde una perspectiva rigurosamente constitucional. Hay que armonizar las contradicciones.

Las instituciones autonómicas asturianas y la opinión pública deben prepararse para un tiempo que será diferente, con mucha presión del Gobierno para hacer normal en la calle, lo que el presidente normalizó en las instituciones. Costará mucho disociar a Puigdemont del perfil del delincuente. Es probable que haya que posicionarse sobre referéndum disgregadores, como ahora se protesta contra la amnistía, y tocará defenderse ante los privilegios territoriales dados a las regiones gobernadas por independentistas.

Bajo ningún concepto podemos permitir que la Agencia Tributaria se retire de Cataluña. La Generalitat tendrá que seguir aportando a los fondos de nivelación (solidaridad) del sistema de financiación autonómica. Desde el año 2009 en que se aprobó el actual modelo, Madrid aportó casi 50.000 millones y Cataluña, con el mismo PIB que Madrid, sólo 17.200. Por algo rima nacionalismo con egoísmo.

Lo mismo cabe decir con el permiso dado al PNV para que trocee la Seguridad Social. Llevan años con la mirada puesta en la caja única. Las dos principales herramientas que tiene el Estado para practicar la solidaridad social y territorial son el Impuesto de Sociedades (gracias a un profesor asturiano que aconsejó no transferir un porcentaje de su recaudación a las comunidades autónomas) y la caja única de la Seguridad Social. Tenía que llegar el presidente más ‘rojo’ de la democracia para dar satisfacción al partido de la burguesía vasca. Qué progresista es permitir un sistema de pensiones donde los octogenarios de Baracaldo tengan una pensión más alta que los de Avilés porque, a igual cotización, marcan la diferencia los complementos que se permite financiar la privilegiada Hacienda foral.

 

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por JUAN NEIRA

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