Como estaba previsto, la comisión delegada del Consorcio de Gestión de Residuos (Cogersa) aprobó cobrar a los ayuntamientos 96 euros por cada tonelada de basura orgánica que arrojan al contenedor. El precio acordado supone un incremento del 43% sobre lo que pagan los consistorios en la actualidad. La Junta de Accionistas de Cogersa dará luz verde a la subida. La nueva tarifa se empezará a pagar el primer día de enero de 2024. No terminan ahí los aumentos: en 2025 será obligatorio repercutir todo el coste de la gestión de la basura a los ciudadanos. En la actualidad, Cogersa pasa el recibo con descuento a los ayuntamientos y, éstos, también subvencionan la factura a los vecinos. El Gobierno quiere acabar con los enjuagues y obliga a que el coste de los servicios sea repercutido, enteramente, en los domicilios.
Varias apreciaciones. Provoca la risa que los ayuntamientos al tomar decisiones sobre las basuras actúen bajo disciplina de partido. Por ejemplo, Oviedo y Gijón protestan, pero Avilés apoya las cuentas de Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica. Operan en Cogersa como si estuvieran en el Parlamento. Los concejales responsables de las inmundicias se quejan, como si todo esto fuese nuevo. El plan del Gobierno era conocido; por ejemplo, ya se sabía que depositar residuos en el vertedero de Serín, sin tratamiento previo, costará 40 euros por tonelada, cuando hasta ahora era tres veces más barato. El despiste de los ediles demuestra que el asunto de las basuras no merece la menor atención por parte de nuestros políticos. Tanto es así que, durante muchos años, Cogersa elevaba el precio que cobraba por sus servicios por encima de la inflación y del crecimiento de costes, sin que nadie dijera una palabra en la Junta General del Principado. Creo recordar que el consorcio llegó a tener depositado en una entidad de crédito -muy identitaria, ella- 150 millones de euros. No hay una empresa en Asturias con tanta pasta inmovilizada en una cuenta bancaria. Por cierto, la Ley de Haciendas Locales dice que el precio que se cobra por los servicios públicos no puede superar su coste, así que el desmadre fue generalizado. Ahora, el concejal Pintueles (PP), del Ayuntamiento de Gijón, agobiado por la factura, propone que el consorcio reparta beneficios a cuenta de los 59 millones de reservas. Si lo entendí bien: quiere financiar el avance ecológico con los resultados de décadas de monopolio administrativo. Por una u otra razón, siempre paga el vecindario.