La creciente demanda de prestaciones sociales presiona con fuerza al Principado. El fenómeno era conocido desde hace muchos años, pero en política las medidas previsoras son difíciles de aplicar porque siempre mandan las urgencias del presente. La petición de ayudas para paliar los problemas de autonomía personal ya forma parte de ese presente, al crecer de forma acelerada el número de ciudadanos que se quieren acoger a las prestaciones de la Ley de Dependencia, aprobada el 1 de abril de 2007, en vísperas de la Gran Recesión.

Hace tan solo cuatro años, había 21.000 asturianos acogidos al sistema de la Dependencia, mientras que ahora hay 32.000, aunque 2.000 de ellos todavía no reciben la prestación. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el 20% de los asturianos tendrá en 2030 algún tipo de dependencia: casi 200.000. La progresión es creciente y si hoy día las listas de espera son un problema, dentro seis o siete años, como tarde, se habrá producido un colapso en el sistema de la Dependencia.

Partamos de un punto indiscutible: la incapacidad para valerse por uno mismo es una realidad a la que las democracias deben responder cuando dejan de ser casos aislados o anecdóticos y pasan a convertirse en un problema colectivo. Reconozcamos, también, que la Ley de Dependencia fue aprobada en tiempos de bonanza económica, donde el Estado tenía superávit, y liderada por un ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que era la encarnación del optimismo. El mismo 1 de abril nos dejaba este titular: «España alcanzará el pleno empleo en los próximos cuatro años». Cuatro años más tarde España rozaba el récord del desempleo. La Ley no contemplaba la financiación de las prestaciones, como si fueran una consecuencia de la abundancia. A partir de todo lo anterior hay que gestionar la realidad de los dependientes. El Principado tiene que aumentar, sensiblemente, la cobertura presupuestaria, aún sabiendo que este asunto exige un replanteamiento por parte del Estado. Como en las prestaciones sanitarias, hay que intentar que el beneficiario viva en su casa y para eso es preciso llegar a acuerdos con familias y entidades sociales. Deben de crearse más geriátricos, sin obsesionarse con que sean entidades públicas o privadas, el caso es que satisfagan las necesidades de las personas más necesitadas de ayuda que siempre acaban recalando en ellos. El problema pide la realización de unas jornadas nacionales que bien podrían celebrarse en Asturias.