Continúan los miembros del Gobierno regional desgranando las partidas presupuestarias de sus consejerías ante diputados de los seis grupos parlamentarios. Si ya entrar a analizar el conjunto de los presupuestos es una materia árida, cuanto más lo es el abordaje de cada tema, donde se difuminan los perfiles políticos y todo se convierte en una larga fila de subvenciones de la que es prácticamente imposible sacar una conclusión positiva o negativa.

Entre fiesta y fiesta le tocó el turno a Nieves Roqueñí, consejera de la Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, un departamento con un título tan largo como amplia y variada es la materia sobre la que versa, lo que dio pie a la consejera a repartir juego entre sus colaboradores para que contestaran a las preguntas de los diputados. Nieves Roqueñí puso énfasis en los 307 millones de euros que tiene asignados para la triple tarea de gestionar el tránsito hacia una sociedad más ecológica, dirigir el sector industrial e impulsar la economía. El 70% de esa cifra se destina a inversión, algo que ella consideró muy notable, porque su consejería concentra el 21% de todas las inversiones del Principado. Hizo bien Roqueñí en concretar que se refiere a inversiones consignadas en los capítulos 6 y 7 del presupuesto, porque de las explicaciones dadas por el presidente, Adrián Barbón, y por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se deduce que la mayor inversión va destinada a la sanidad, al incluir bajo la ingeniosa rúbrica de ‘inversión social’ lo que los interventores del Principado califican de gasto corriente. Una parte importante de las inversiones medioambientales se destinan a infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas, una materia en que hemos tenido déficits crónicos, como saben todos los gijoneses. También se dedica buena parte de los recursos a renovar y reforzar los sistemas de abastecimiento a los principales concejos del suroccidente y a la zona costera de Ribadesella. El tercer gran bloque (42,1 millones) es para la recuperación ambiental de las zonas mineras. En resumen, una política forzosamente continuista que se acomete todos los años, pero cobra más fuerza cuando hay recursos extraordinarios, como ocurre esta vez con los fondos Next Generation.

Para el ciudadano, lo único llamativo es que la ayuda a los ayuntamientos para la recogida de las basuras (siete millones) se reduce a la mitad. El próximo año empezaremos a pagar por los residuos como si fuesen alimentos.