En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda y cuarta vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, informó a los consejeros autonómicos de que este año contarán con una cifra de recursos récord, 154.467 millones, lo que supone un incremento del 14,9% sobre la financiación recibida este año. Una parte importante del aumento se debe al efecto de la inflación en la recaudación de Hacienda. La subida persistente de los precios, si no se deflacta el IRPF, opera como un impuesto añadido, o un recargo, sobre lo que se recibiría si la economía se mantuviera estable. Asturias recibirá, en total, 3.884 millones. La vicepresidenta corroboró algo anunciado hace tiempo, que las comunidades autónomas podrán recurrir a tener una décima de déficit. Aunque las regiones se puedan beneficiar de ello, no deja de ser chocante que ante el cambio de política presupuestaria que se barrunta en Europa, con la llegada de una etapa de mayor austeridad, el Gobierno siga moviéndose como si en los próximos años no volvieran a estar vigentes las reglas fiscales.

Montero asegura que quiere abrir la negociación sobre el modelo de financiación autonómica. Tocaba renovarlo en 2014, y lleva nueve años prorrogado sin que se vea fin a un periodo excepcional, no contemplado en la norma. El Gobierno pone el grito en el cielo por los cinco años que lleva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin ser renovado, pero no ve anómalos los nueve años de prórroga del sistema de financiación. Depende mucho más el bienestar de los españoles de aprobar un modelo de financiación acorde con las necesidades de los territorios que de nombrar a unos magistrados que estén en sintonía ideológica con el Gobierno. La vicepresidenta reclamó «sentido de Estado» a los consejeros de Hacienda de las regiones para encarar el nuevo modelo. Dijo que siempre había sido para ella una prioridad, y puso como ejemplo haber pergeñado un borrador, en la pasada legislatura, basado en el concepto de ‘población ajustada’ para repartir los recursos. No sabía yo que cuando algo es prioritario se tardan cuatro años en hacer un borrador.

La vicepresidenta anunció que el Gobierno asumirá toda la deuda generada por las comunidades autónomas durante la crisis financiera (2008-2014). No hay un solo gobierno en Europa que esté haciendo ajustes sobre los restos de un periodo que está totalmente superado. La primera pieza del puzle fueron los 15.000 millones pactados con ERC. A ver cómo acaba.