Hubo reunión ayer, sábado, del Principado con empresarios y sindicatos sobre la concertación social. Subrayo ‘sábado’ porque no suele ser día hábil para la Administración, salvo circunstancias extraordinarias. Me extraña porque la primera reunión de la concertación fue en noviembre, así que estamos en la etapa de dejar pasar el tiempo, con una reunión al mes, y fue a caer en un día no laborable la cita de diciembre. Hablo con la lógica de la Administración, no con la del periodismo que ejerce los 365 días del año.

En la página 47 del periódico de hoy puede ver el lector la reveladora foto que acompaña a la noticia. Preside Adrián Barbón, a un lado cuatro representantes de los agentes económicos y sociales y al otro lado de la mesa está sentado medio Gobierno. Ahí ya tenemos la clave diferencial de la concertación asturiana: cualquier materia entra en el proceso de negociación, por eso hace falta que medio Gobierno acompañe al presidente. No se discute únicamente de cuestiones laborales, empresariales o económicas, que interesan a la patronal y los sindicatos, sino que se habla de vivienda, administración, igualdad, estado del bienestar, jubilación de las generaciones del ‘baby boom’ y un largo etcétera.

De esa particular concepción de lo que es un pacto de concertación se derivan las dos grandes prioridades señaladas por la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo: la transición ecológica y el impacto de la alta velocidad ferroviaria en el turismo, industria y logística de la región. Si ambas constituyen el contenido central de la concertación social, en la mesa de la negociación falta un actor importantísimo, transcendente, decisivo: el Gobierno de España. En su caso no haría falta que viniese medio Ejecutivo, bastaría con que estuvieran presentes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que tiene en el organigrama una Secretaría de Estado competente en Infraestructura, Transporte y Vivienda, y que también estuviera presente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por cierto, el próximo día 29 hay una Conferencia Sectorial de Turismo, donde el Ministerio repartirá 183 millones entre las comunidades autónomas. Si vinieran de Madrid a la reunión de la concertación social, aquí podríamos ya atar todo en una reunión bilateral, como hacen los catalanes, que son los que cortan el bacalao.

Tengo la intuición, no el conocimiento, de que el guion de la concertación sale del Gobierno, no de los agentes sociales. Supongo que estos añaden cosas o subrayan contenidos, pero el núcleo temático lo decide el Ejecutivo. Como soy muy aficionado a decir que «el que paga, manda», reconozco que tiene su lógica el papel más que preponderante del Principado, porque todos los contenidos del pacto se apoyan en los presupuestos regionales que redacta y gestiona el Gobierno.

Si fuera un devoto de la ceremonia de la concertación social, creería en la ficción de que los acuerdos trilaterales se apoyan en un dinero extraordinario (los sindicatos mineros lo llamarían «adicional») que arrancan los agentes sociales al Ejecutivo, pero eso no es más que un embeleco. La concertación social es una suma de medidas que se ejecutan -las que se ejecutan- con cargo a los presupuestos del Principado.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), señaló como prioridad que «se garantice un porcentaje de inversión en promoción empresarial y que eso se cumpla». Es muy significativo que diga lo de que «se cumpla», porque da a entender que muchas de las medidas que se plasman en el acuerdo son papel mojado. Ya nos lo imaginábamos.

Bien, vamos a lo de la promoción empresarial. Si estuviéramos ante un modelo de concertación social más clásico, la promoción empresarial sería un elemento de obligada incorporación. Como también lo sería la cualificación de la mano de obra o las infraestructuras creadoras de empleo. O la dotación de un fondo para empresas con dificultades o el aval del Principado para financiar determinadas inversiones empresariales. Todo eso redunda en riqueza, en empleo, en incrementos salariales, en consumo.

Hay que poner a la región a trabajar, señores, a ver si por lo menos el dinero extraordinario que recauda el Gobierno, al no deflactar el IRPF, afecta, en alguna medida, a la economía productiva. Eso es apostar por el progreso. Si la política laboral consiste en engordar la Administración (el Principado es la única empresa, si se me permite darle ese nombre, que todos los años aumenta la plantilla), me temo que iremos por el camino equivocado. Me encanta la mentalidad del alcalde socialista de Siero, Ángel García, cuando dice que «soy como el consejero delegado de las empresas, busco inversiones de manera activa». Siero es el tercer concejo con más empresas de Asturias. El alcalde llegó a recurrir al uso de drones para vender a los empresarios foráneos los atractivos del municipio. Así se trabaja por la gente.

Para la transición ecológica y el aprovechamiento del impacto del AVE en la economía de la región ya está el Gobierno. Es perfectamente competente el Ejecutivo de coalición, presidido por Barbón, para realizar esas políticas. La concertación social es otra cosa. Hay que ver la región desde el prisma de empresarios y trabajadores, y aplicar estrategias que les beneficien, porque de la inversión, el empleo y el consumo vivimos todos.