La importancia de los servicios sociales en la Unión Europea es creciente. Cada vez se les dedican más recursos y hay un mayor número de gente acogida a sus prestaciones. En este campo, la gran novedad de España, en lo que va de siglo, es la Ley de Dependencia, que viene a atender un vasto y heterogéneo colectivo de personas que carece de autonomía personal o la tiene muy reducida. Su implantación es tan importante que pronto se vio en ella el cuarto pilar del Estado del bienestar, que se sumaría a los tres ya consolidados (sanidad, educación, pensiones). En una población envejecida, como la nuestra, las peticiones de ayuda se dispararon, encontrándose con dos déficits: infraestructuras y personal. Y como gran problema de fondo, el propio del nacimiento de una ley que no venía acompañada de fuentes de financiación concretas y suficientes.

A partir de ahí, la dependencia se hizo famosa, sobre todo, por las listas de espera formadas por las personas que solicitan ser valoradas y todavía no han recibido la ayuda. La norma dice que desde que un ciudadano pide acogerse a la Ley de Dependencia hasta que recibe la prestación no deben transcurrir más de seis meses. La respuesta de los gobiernos autonómicos es variada, pero en muchos casos se superaron los doce meses de espera. Tanto es así que en España fallecen cada año, de media, 45.360 persona en lista de espera de la dependencia. Cada día mueren 124 personas sin haber recibido la prestación (teleasistencia, residencial, asistente personal, cuidados familiares) que habían solicitado y tenían derecho a disfrutar.

En Asturias pasamos por distintos periodos. Hubo una época en que las listas de espera eran muy largas y las promesas gubernamentales de mejora no se cumplían. En el Principado encontraron un subterfugio para justificar el bloqueo: tenían problemas con la herramienta informática. En el último año la situación ha dado un vuelco muy positivo al reducirse la lista de espera un 43,8% entre los meses de enero y noviembre. Según el Informe semestral de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Asturias y Aragón realizan el mayor esfuerzo para acortar los plazos entre la petición del potencial usuario y la concesión efectiva de la prestación. En este caso los planes de choque han surtido efecto. Una actuación muy meritoria del Principado, que tiene su reverso en la crítica del informe por no haber dedicado todos los recursos recibidos del Estado, para la dependencia, a esta finalidad.