La normativa estatal sobre el desarrollo de la energía eólica marina es interpretada de dos maneras por el Principado. La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, no observa ningún problema para aplicarla en nuestra región y, en consecuencia, no va a alegar contra el real decreto que la regula. Sin embargo, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, sí presentó alegaciones y pide que se retrase la publicación de la norma hasta que se tengan en consideración las medidas previstas en los planes de ordenación del espacio marítimo.

Muy pocas veces hemos visto que dos consejerías del Principado den respuestas opuestas a una norma que emana del Gobierno central. Probablemente haya habido, algunas veces, distintos enfoques ante problemas puntuales, pero antes de hacerse públicos siempre ha funcionado el principio jerárquico que existe en todo gobierno, y desde la Presidencia o la Vicepresidencia se impuso una respuesta de obligado cumplimiento. En este caso, por razones que se me escapan, no ha sido así.

La cuestión en litigio, la energía eólica marina, ha dividido a la izquierda a finales del pasado mandato, con IU y Podemos defendiendo lo mismo que ahora plantea Marcelino Marcos Líndez. Por cierto, en aquella legislatura, el entonces consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, también planteaba objeciones al despliegue de los planes de la eólica marina. La discrepancia no es de ahora, al contrario, es la medida del Gobierno central, junto a la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), que ha causado mayor malestar en el seno del Gobierno asturiano. Roqueñí ha optado por asumir la norma de la poderosa vicepresidenta, Teresa Ribera, conformándose con estudiar el impacto ambiental y la autorización de los proyectos bajo las premisas previstas en la regulación dictada por la vicepresidenta. De las ocho áreas delimitadas en la demarcación noratlántica, tres de ellas están frente a las costas asturianas (dos en el occidente y una en Gijón).

Le toca a Adrián Barbón, o a Gimena Llamedo, decir la última palabra, aunque no es fácil, porque se junta la naturaleza del debate, que obliga a dar la razón a las empresas eléctricas o a los pescadores, y optar entre plegarse o rebelarse ante Teresa Ribera. Y todo ello a los pocos días de jugar un papel muy poco lucido ante el escándalo del vial de Jove, donde el Ministerio de Transportes se burló de Gijó