En la Junta General del Principado se aprobó la Ley de Impulso Demográfico con el voto de todos los partidos menos el de Vox. El diputado de este grupo, Javier Jové, dijo que la norma era una «auténtica bazofia e infumable», y cargó contra el PP por vender su apoyo «muy barato». Si en alguna temática puede un grupo radical olvidarse de las intervenciones estruendosas y adoptar un estilo más convencional es en asuntos como el de esta ley, que no divide al cuerpo social ni moviliza a ningún sector de la sociedad. Seguro que Vox tiene razones para votar en contra, empezando por el cordón sanitario que practican los socialistas con el partido de Abascal, pero acordarse del PP cuando critica la ley demuestra complejo de partido pequeño que está más pendiente de intentar meter un gol a la formación que lidera la oposición en Asturias, y en España, que de plantear una alternativa. La decisión del PP de sumarse al consenso parlamentario no estuvo acompañada de entusiasmo, porque no lograron incluir en el articulado de la ley ni la mitad de las cien enmiendas que presentaron. La diputada popular, Cristina Vega, echa en falta medidas concretas.

Esta ley tocaba aprobarla en la pasada legislatura, pero al final no llegó a tiempo. Los retrasos legislativos en la Junta General del Principado son como los de Renfe y Adif con los ferrocarriles. La realidad concuerda poco con lo que se planea. Que la norma sea respaldada por 41 diputados, de los 45 que componen el órgano legislativo, es un éxito del Gobierno, en este caso de la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que fue la responsable de articularla.

Los legisladores no se centraron principalmente en el declive demográfico, que es el problema más grave que tiene la región, del que se derivan otros, como la atonía del mercado de trabajo, con carencia de oferta de mano de obra en casi todos los sectores de actividad, sino que pusieron en primer lugar el despoblamiento, un fenómeno que se da, sobre todo, en las cuencas mineras, las alas de la región y, por extensión, todo el medio rural. Debido a ese enfoque, se establecen ventajas fiscales específicas para contribuyentes que residan en concejos afectados por el retroceso demográfico. Volcar los esfuerzos sobre el 82% del territorio asturiano, que es la extensión ocupada por el medio rural, apenas incide en el declive demográfico, porque sólo vive en él un 20% de la población. Por mucho que le duela al Gobierno, el relanzamiento de la región irá ligado a una mayor reubicación de la población.