Los accidentes de circulación por falta de iluminación eléctrica son un problema de sensibilidad con las decenas de millones de personas que transitan por la red estatal de carreteras al cabo del año y de irracionalidad política, porque el ahorro de gasto en fluido eléctrico no llega a compensar el plus de gasto en cuidados sanitarios de las víctimas y el coste de las horas perdidas de trabajo. En junio de 2010, cuando la crisis financiera que azotaba a España ya había mandado al paro a más de dos millones y medio de trabajadores, la Dirección General de Tráfico (DGT) decidió que había que apagar todos los tramos de carretera en campo abierto. Posteriormente, en 2015, cuando la economía llevaba ya año y medio de crecimiento, la DGT ordenó que, en territorios con más de 120 días de lluvia al año, de media, sólo se mantendrían encendidas las luces en autopistas y autovías, si por ellas circulaban más de 60.000 vehículos al día. Las carreteras convencionales no se iluminarían como norma general. Para encender una farola se precisaba el visto bueno del director general de carreteras, previo informe del jefe de la demarcación correspondiente.

El único objetivo de las normas era el ahorro de energía eléctrica. La cruz de la moneda estaba en el aumento de accidentes, ya que no es lo mismo circular por una vía perfectamente iluminada que por otra donde no hay otra luz que la proveniente de los faros de los coches. En 2022, el 8% de los accidentes con víctimas que hubo en Asturias fueron en vías que estaban a oscuras, dejando un resultado de seis muertos y 222 heridos, lo que supone el 10% del total de las víctimas. Si se suma el coste sanitario que supuso la atención a las personas afectadas y el coste laboral que causan a las empresas los trabajadores accidentados, tenemos que las vías a oscuras provocaron un gasto de 14,1 millones de euros, mientras que todo el gasto del Gobierno en iluminar las carreteras de España (26.400 km.) oscila entre 30 y 40 millones.

Las medidas para oscurecer las vías son rechazables en términos de seguridad e inútiles desde una perspectiva económica, ya que, del total del gasto en iluminación de la red estatal de carreteras, el 75% se va en iluminar y ventilar túneles (304 km.). Sólo una cuarta parte de los 30 o 40 millones se debe a la iluminación en tramos a cielo abierto. No tienen que devanarse los sesos, porque con cambiar las viejas luminarias por bombillas con tecnología LED ya se generaría un ahorro cercano al 40%. Enciendan las farolas por el bien de todos.