La Policía Nacional detuvo a doce individuos que, supuestamente, explotaban sexualmente a cinco menores tuteladas por el Principado. La noticia es impactante porque el abuso y la violencia se ejerce sobre chicas y niñas (alguna tenía 13 años) que están desvalidas. De qué manera si no calificar a menores de edad que no tienen familia ni hogar ni medios de sustento ni adulto que pregunte por ellas, viviendo en una situación muy precaria e inestable como lo demuestran las repetidas fugas del centro de menores. Ante el escándalo, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, Marta del Arco, declaró que fue su departamento el que realizó la denuncia, en enero, y que el Principado se presentará como acusación particular en el momento procesal oportuno.

La consejera dijo más cosas: «Tolerancia cero con este tipo de situaciones y protección absoluta de los adolescentes víctimas de la violencia». No me cabe la menor duda de que esos son los deseos de Marta del Arco, pero cuando los menores se fugan repetidamente del centro del Principado donde residen y se ponen a vagar por las calles sin recursos de ningún tipo, no puede extrañar que caigan bajo las garras de redes de explotación sexual. Sorprende que la consejera afirme que «estas agresiones sexuales no tienen nada que ver con las fugas». Al menos debería reconocer que las menores que se escapan de los centros están expuestas a muchos peligros, entre ellos, quedar bajo la férula de proxenetas. No hay que ser un profesional de servicios sociales especializado en la tutela de menores para comprender que una niña de 13 años deambulando por las calles no está en una situación muy recomendable.

Todavía causa más asombro que la propia consejera diga que la desgraciada peripecia de las cinco menores no evidencia fallos en el sistema de tutela. ¿Entonces, dónde se produjeron los errores para llegar a un final tan desgraciado para las menores, como ser violadas y obligadas a ejercer la prostitución? El sistema no ha fallado porque lo dice la máxima responsable del sistema, que, puesta a defender el trabajo de sus subordinados, llega a explicar lo sucedido, con un resignado «son cosas de la vida». Claro que son cosas de la vida, pero los asturianos aportan alrededor de 600 millones de euros cada año para que se respeten los derechos sociales y el bienestar social sea incompatible con esas «cosas». No me extraña que los partidos del centro-derecha pidan la dimisión de la consejera que sólo lleva tres meses en el cargo.