Llegó a la Junta General del Principado el debate sobre la tutela de menores. Las diputadas del PP y Vox Beatriz Polledo y Álvarez Rouco preguntaron por el escándalo de las cinco chicas y niñas (alguna tenía 13 años) que cayeron en manos de una red de prostitución, formada por doce individuos, que fue desarticulada por la Policía Nacional. En la sesión parlamentaria, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, mantuvo los argumentos que adelantó cuando convocó una rueda de prensa urgente, tras dar a conocer la Policía las detenciones. La idea general es que todo marcha correctamente, aunque lógicamente hay problemas, como ocurre en cualquier actividad de la vida: «El sistema funciona, los profesionales detectan, los protocolos funcionan, la coordinación dio frutos». El mensaje del Principado a la sociedad es diáfano: podemos estar tranquillos.

Es un tanto cansino escuchar a los distintos miembros del Gobierno decir que todo va bien, tanto sea la cuestión de los menores tutelados –que ahora nos toca–, como cuando se trata de algo relacionado con la sanidad, industria, las infraestructuras de transporte o la educación. Una vez conocido el escándalo, la consejera hizo un maratón de entrevistas y reuniones con todos los sectores y colectivos relacionados con la protección de los menores. Si todo fuera bien, a qué viene ese esfuerzo extraordinario por analizar lo que sucede. Dice Marta del Arco que «los protocolos funcionan» y va a modificar el protocolo que coordina los centros de menores con la Policía. Afirma Marta del Arco que «los profesionales detectan», pero algunos menores tutelados llegaron a estar fugados durante meses, como denunciaron las familias a primeros de marzo. Sin necesidad de hacer una autocrítica radical, cuánto más reconfortante sería que la consejera reconociera que en materia de menores todo es manifiestamente mejorable y que tiene la firme voluntad de cambiar el actual estado de cosas, comprometiéndose a ello, marcando un plazo. Las responsabilidades no se sustancian por el simple hecho de informar a la Policía de los comportamientos transgresores que detectan.

Ante las peticiones de dimisión de la oposición, la consejera afirmó que «su cargo está siempre a disposición del presidente». No hace falta que mantenga esa disposición personal, porque el presidente puede cesar a cualquier consejero sin necesidad de justificarlo. Reformulemos la pregunta: ¿qué tiene que pasar para que la consejera dimita?