El comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar informó de que el próximo lunes se suprimirán siete plazas de educadores. Una reducción que ya vino antecedida, en los últimos meses, de otros catorce puestos de trabajo que se han perdido, entre técnicos de educación infantil, trabajadores sociales, educadores y auxiliares educadores para dependientes y centros de menores. Es difícil ponerse a juzgar, sin más datos, la amortización de puestos de trabajo, pero de lo que no cabe duda es de que el recorte de educadores y auxiliares educadores en centros de menores choca frontalmente con las declaraciones realizadas por Adrián Barbón, esta misma semana, cuando prometió más recursos presupuestarios y educadores para los centros de menores. La consejera, Marta del Arco, también anunció un refuerzo de las plantillas y más recursos para atender los problemas de los menores tutelados, tras conocerse el caso de cinco chicas y niñas que habían sido introducidas en una red de prostitución.

Los miembros del comité de empresa hablan de centros, como el de El Campillín (Oviedo), que estuvieron un año sin director, o de bajas que no se cubren y se queda una educadora sola en el turno de noche para controlar a veinte menores alojados en tres pisos, así como de múltiples carencias de los centros. Se puede entender que se arrastren esas deficiencias durante mucho tiempo, pero si a los pocos días de anunciar nuevos protocolos, que incluyen disminuir la ratio de número de menores por educador, nos encontramos con que ocurre justo lo contrario, todo intento de hacer un análisis racional se frustra.

Con la Administración pública nos hemos topado. Ese ejército de funcionarios, leyes, reglamentos y usos que produce actos y disposiciones de obligado cumplimiento, con inexorables cargos y recargos para todo aquel que se cruce por el medio. La oportuna denuncia del comité de empresa muestra que el presidente del Principado y la consejera del ramo pueden decir lo que quieran, que sólo prevalece la realidad administrativa. Mientras el Gobierno no doble la muñeca a la Administración seguirá como hasta ahora, sin poder aplicar soluciones a los problemas, sin ejecutar el presupuesto, agarrado al fácil recurso de hacer promesas que la Administración dejará reducidas a la mínima expresión, cuando no aparcadas en cualquier disco duro. La declaración de guerra a la burocracia ha servido para que la Administración socialista recorte personal, como en los tiempos de Rajoy.