El Principado va a aprobar mañana el borrador de la Ley de Proyectos Estratégicos y quedará registrado el lunes en la Junta General del Principado. La norma busca reducir los trámites burocráticos a la mitad en los proyectos que sean considerados como estratégicos. Para adquirir esa condición tienen que reunir dos características: treinta millones de inversión o crear cien empleos. En el caso de estar ubicados en concejos en riesgo de despoblación (el 70% de los municipios), las exigencias se reducen a la mitad: quince millones de inversión, cincuenta puestos de trabajo. El Principado tendrá un plazo de tres meses para decidir si los proyectos cumplen las condiciones.

En una ronda de consultas realizada por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, pudieron comprobar ambas la gran acogida que tiene la norma entre los grupos parlamentarios. Como siempre, Vox quedó marginado, siguiendo la pauta del desprecio institucional que sufre este grupo. Del resto, ningún diputado se manifestó en contra, salvo Tomé que realizó unas declaraciones esperpénticas, al afirmar que no apoyará una ley «hecha únicamente para los Amazon, Costco y Quirón»; según Tomé, la ley debe garantizar la permanencia de todos los empleos que se creen en la región. Alguien debería explicarle a esta diputada que no existe una ley en el mundo que asegure, ‘per se’, todos los empleos de un territorio.

Me alegro del consenso parlamentario en torno a la ley, pero se impone hacer algunas consideraciones. La primera brota sola: si el Principado dispone de una fórmula para aprobar proyectos reduciendo los trámites burocráticos a la mitad, no se entiende que no aplique ese método a todos los proyectos, grandes y pequeños, y así se ganará el tiempo precioso que se pierde con una Administración tan premiosa como la que padecemos. Que declare el Gobierno todos los proyectos como estratégicos y habrá más inversión y puestos de trabajo en Asturias. En segundo lugar, la cuestión de la ruralidad. ¿Por qué un proyecto que conlleva una inversión de 20 millones de euros va a tener que pasar el doble de trámites burocráticos en Villaviciosa que en Colunga? ¿Cómo va la Administración a comportarse de dos maneras? ¿Tiene alguna lógica? Se puede discriminar en incentivos (la reducción de la burocracia se plantea como un incentivo) según la naturaleza de los proyectos, pero no por el sitio en que se ubican en una misma región. Agilicemos los procedimientos a todos.