El Principado aprobó una reforma de la Ley de Turismo que pronto será debatida en la Junta General del Principado. El impulso legislativo está motivado por el aumento de las viviendas de uso turístico. La idea es endurecer las condiciones para que un piso alcance las condiciones de vivienda turística. Algunos de los requisitos son razonables, como negar que las viviendas de protección oficial puedan convertirse en negocio, impedir que la vivienda se alquile por habitaciones sueltas o exigir la contratación de un seguro profesional de responsabilidad civil. Otras exigencias son, como mínimo, discutibles. Dos ejemplos. Las comunidades de vecinos, por mayoría, podrán impedir que haya viviendas de uso turístico. Una comunidad de vecinos no es un club privado. Los motivos de uso, y las excepciones, deben estar contenidas en la ley y tener validez para todas las casas. En caso contrario, otro día no dejan que un médico abra una consulta en una determinada casa o impiden que una familia de inmigrantes arriende un piso. Descarto que la negativa la expongan de forma explícita, pero todos sabemos que hay maneras alambicadas de encubrir la realidad. La nueva normativa concede a la comunidad de propietarios la prerrogativa de cerrar los pisos turísticos que están, actualmente, en uso. Un disparate.

Segundo ejemplo: la nueva ley crea el concepto de zona turística protegida que puede extenderse por varios concejos, uno solo, o una parte de un concejo ¿Cuándo hay que proteger una zona turística? Al parecer la norma establece que cuando se superen los niveles máximos de oferta y demanda. ¿Cómo se fijan esos niveles máximos? ¿Es capaz el Principado de saber, por anticipado, cuál es el punto máximo de las curvas de demanda y oferta en los mercados turísticos locales? Lo único que hay tras el afán de protección es el indisimulado deseo de intervención. Desde la Administración, con el BOPA en la mano, se prohibirán las viviendas de uso turístico para evitar hipotéticos colapsos.

Una consideración final. En España, a diferencia de casi toda Europa, la riqueza familiar es inmobiliaria. Detrás de las viviendas turísticas hay muchas personas que mantienen a hijos o nietos y otras que complementan sus pensiones. Cosa distinta es que a las empresas hoteleras les resulte intolerable esa competencia. Con el señuelo de la protección no ganan las familias, que a partir de cuatro miembros les resulta más barata la vivienda turística, sino la capacidad de presión del más fuerte.