Las leyes de transparencia se han aprobado en España, tanto a escala nacional como autonómica, con escaso entusiasmo. La clase política recela de ellas y a la ciudadanía no le entusiasman porque sospecha que son más aparentes que eficaces. El objetivo es luchar o dificultar la corrupción y la experiencia enseña que la verdadera arma contra la tentación de llevárselo calentito es la Agencia Tributaria, no otros órganos o tribunales administrativos que están presididos por políticos en ejercicio. En nuestra comunidad autónoma se aprobó la Ley de Transparencia, pero no se llegó a formar el Consejo de Transparencia; creo recordar que lo iba a presidir un señor funcionario siempre y cuando la sede del Consejo coincidiera con su lugar de residencia. El Consejo se ubicó en Avilés y ante el gran obstáculo de conducir por la autopista ‘Y’ todos los días, renunció al cargo. Se podrá criticar el planteamiento del funcionario, pero lo verdaderamente llamativo es que las instituciones no hayan podido suplir al candidato fallido. Mucho entusiasmo por sacar el Consejo de Transparencia no hay en el Gobierno ni en la Junta General del Principado.

A una escala más modesta, las distintas regiones fueron aprobando unos códigos éticos que reúnen normas de comportamiento para todos los que trabajan en el sector público. Ya hay 13 códigos aprobados. Entre las comunidades autónomas que aún carecen de esa norma está Asturias. En esta legislatura se puso el Gobierno de Adrián Barbón a la labor y está ya perfilado un borrador que prohíbe entre otras cosas que los funcionarios acepten regalos. El precepto no es discutible. Ni políticos ni funcionarios pueden recibir dádivas por desempeñar su labor. En caso contrario, los regalos servirían para que algunas decisiones se tomaran para beneficiar al generoso administrado (persona física o jurídica) que los hace. O no se aprobaran (inhibieran) por el mismo motivo.

Los códigos éticos o de conducta también pueden contener pautas interesadas, incluyendo entre el conjunto de prohibiciones o reprobaciones determinados sesgos tendentes a favorecer al poder más que a defender la pureza de las instituciones. Un ejemplo: «Evitar manifestaciones de opiniones personales que pueden generar confusión entre la ciudadanía sobre la imparcialidad y objetividad en la gestión pública». Sugiere el código que es más correcto callar ante la tropelía o el error que informar al ciudadano de la gestión dolosa o culposa de los intereses públicos.