Los sindicatos de la Educación asturiana ya han fijado fecha para la huelga que en las últimas semanas venían pregonando. El paro será el 10 de septiembre, justo el día en que se inicia el curso escolar 2024-2025. Debe ser un caso único: convocar huelga en un curso para hacerla en el siguiente. Faltan más de tres meses para la cita, dos de ellos dedicados al disfrute y deleite de las vacaciones estivales. Es probable que, en tan largo periodo de tiempo, las dos partes, Consejería de Educación y sindicatos de la red pública de la enseñanza no universitaria, puedan acercar posturas o, incluso, llegar a un acuerdo sobre las cuestiones que les separan. No es una hipótesis descabellada, porque la consejera, Lydia Espina, ya concedió el recorte de las horas lectivas, de 25 a 23, y anunció que se reunirá con los directores de institutos y colegios para rebajar la carga burocrática. Las huelgas se convocan en momentos propicios para la movilización; en el caso de la educación, el primer día de cada curso es el ejemplo de la más amplia desmovilización, con los nuevos profesores conociendo el centro escolar y el personal contando anécdotas de las largas vacaciones que disfrutan maestros y profesores. En principio, ese día, nada más llegar, sabrán si forman parte de los servicios mínimos decretados por la Administración. Las familias que acompañan a sus hijos al centro conocerán si hay clases o toca seguir vacacionando. Los dirigentes sindicales sabrán lo que hacen, pero tienen que reconocer que la convocatoria tiene un punto de surrealismo.
Borja Llorente (CC OO) recordó que llevan todo el curso con movilizaciones, que incluyen tres encierros y 150 concentraciones ante los centros educativos, así como movilizaciones muy concurridas en la calle, como la del pasado viernes. Quizás esté ahí el problema. La Consejería de Educación jugó la baza de no darse por enterada de las protestas, una política que puede dar resultado a corto plazo, pero a costa de degradar las relaciones laborales. En las administraciones públicas el ninguneo de la representación sindical siempre genera problemas. Es un sector con empleo seguro y goza de suficiente implantación sindical.
En la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar sucede algo parecido. Van a empezar las movilizaciones porque no atienden la petición de ampliar las plantillas. El Gobierno regional tiene que cambiar de actitud para entenderse con sus trabajadores. Dar largas cuando quedan tres años de mandato es absurdo.