El debate sobre las viviendas de uso turístico no cesa tras conocerse la reforma de la Ley de Turismo del Principado, que tiene como principal finalidad, y casi única, la regulación de este tipo de oferta para limitar su actual crecimiento que es de 600 viviendas más al año. No hace falta decir que la problemática de las viviendas turísticas se dispara en verano, al crecer exponencialmente la demanda. Aunque el sector hotelero tiene en el punto de mira a los nuevos competidores, cabe decir que en verano hay mercado para todos, como lo demuestra el hecho de que a estas alturas de la primavera la reserva en los hoteles para el mes de julio alcance el 96% de sus plazas, siendo del 97% para los días del mes de agosto. Cuestión distinta es el resto del año, donde hay un exceso de capacidad. No obstante, antes de caer en la tentación de borrar a una parte del sector, que es desde una perspectiva empresarial infinitamente más débil que los negocios turísticos clásicos, conviene decir que la oferta hotelera y de vivienda turística están claramente diferenciadas: una pareja siempre irá al hotel porque le resulta más económico, mientras que una familia de cuatro o más miembros, o un grupo de amigos, buscará un piso turístico porque el gasto per capita es menor.

¿Dónde está el verdadero problema? No reside en la disputa entre el hotel y la vivienda turística, aunque si por ley se elimina la competencia los hoteleros estarán encantados, sino en la desaparición del mercado de alquiler estable. Apenas se ofrecen viviendas en esas condiciones, pero la culpa no reside en el alojamiento turístico, sino en que la Ley de Vivienda establece unas reglas que hacen huir del alquiler a los propietarios de inmuebles. El Gobierno pone techo al alquiler de los pisos y dictamina que cuando un arrendatario esté en una situación económica de vulnerabilidad pueda seguir viviendo en el piso, porque es «la parte más necesitada de protección».

La sensibilidad social del legislador es encomiable. Habla de las rupturas de familias, donde muchas veces queda viviendo en la casa el miembro con menos recursos. Completamente de acuerdo. Ahora bien, la política social que la haga la Administración, no el ciudadano privado, que ya bastante contribuye con el pago de impuestos. Que la Administración se haga cargo del alquiler del arrendatario vulnerable. Como no es así, nos encontramos con que el Gobierno hace política social a costa de pequeños propietarios y luego echa la culpa a las viviendas turísticas.