Adrián Barbón recordó la posición de Asturias ante el modelo de financiación autonómica: reformar el sistema, aceptar que todas las comunidades están infrafinanciadas, asumir que el nuevo modelo debe hacerse a partir del coste real de los servicios y optar porque la negociación sea multilateral. Nada que objetar. Si se cumplen esas premisas quedan defendidos los intereses de los asturianos, como los del reto de comunidades que están al norte de Madrid, con la excepción de Cataluña (País Vasco y Navarra se rigen por el sistema foral).

El sistema actual está caduco y no satisface a ningún gobierno autonómico. Es posible que la infrafinanciación no se deba principalmente a la falta de recursos, sino al incremento alocado de gastos, entre los que destacan los gastos de personal, con las plantillas creciendo año tras año en todos los territorios. De 2018 a 2023 aumentó el 23,5% el número de trabajadores de las comunidades autónomas, lo que significa 350.000 funcionarios más. La apuesta por realizar la distribución de recursos en función del coste de los servicios públicos (orografía regional, despoblación, dispersión de habitantes, envejecimiento) chocará con la propuesta de otros territorios (Madrid, Andalucía o Cataluña) que calculan los costes en función exclusiva del tamaño de la población. Es difícil encontrar una fórmula que satisfaga a todos, pero para eso está la negociación multilateral.

El problema reside en que mientras Adrián Barbón recuerda las premisas teóricas que se consensuaron en el Parlamento asturiano, los partidos independentistas negocian de forma bilateral con los socialistas un modelo basado en el anticonstitucional privilegio de gestionar todos los impuestos y quedarse con el 100% de la recaudación. Eso hacen ERC y Salvador Illa, con la participación del Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya declaró la semana pasada que negocia con ERC un modelo singular para Cataluña que abra las puertas a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La bilateralidad coloca, de facto, a las comunidades en dos niveles, las que tienen derecho a acordar un modelo a su medida, y el resto, que participan en una negociación colectiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De Barbón se espera que alce la voz y diga que no admite mejoras para otros que no sean para Asturias y que ceder el 100% de la recaudación fiscal a Cataluña es acabar de golpe con la solidaridad interterritorial.