En la Junta General del Principado se debate el proyecto de reforma de la Ley de Turismo. La idea motriz es imponer unas exigencias para las viviendas de uso turístico (VUT) que desanime a los propietarios del inmueble a darle esa finalidad. En el proyecto de reforma se incluyen asuntos razonables, como impedir que las viviendas de protección oficial puedan convertirse en fuente de negocio, y otras que no lo parecen tanto, como la negativa a autorizar que una vivienda se utilice para el turismo. En el borrador se llegó a deslizar que la comunidad de vecinos podría cerrar los pisos que ya estaban utilizándose para el turismo. El pasado 1 de junio decíamos desde estas líneas: «Los motivos de uso y las excepciones deben estar contenidos en la ley y tener validez para todos los inmuebles. En caso contrario, otro día no dejan que un médico abra una consulta en una determinada casa, o impiden que una familia de inmigrantes arriende un piso». El intento de legalizar el cierre de un piso turístico demuestra la animosidad del lobby que alienta la reforma de la Ley de Turismo. Por cierto, un sector que, en ocasiones, es muy ruidoso y algunos de sus negocios producen quebraderos de cabeza en el vecindario.

Por la Cámara pasaron varios expertos en leyes que aconsejaron a los diputados desistir en su empeño de negar al propietario de una vivienda la utilización de la misma como piso turístico. Gimena Llamedo animó a la oposición a consensuar una nueva redacción de la norma. De lo dicho por Llamedo parece que la clave está en introducir en un párrafo la palabra ‘mayoría’. Luisa Fernanda del Valle, directora general de Vicepresidencia, resumió así el sentido del debate: «Será la junta de la comunidad quien autorice o rechace esa actividad, de acuerdo a la normativa de consentimiento». Vuelvo al ejemplo: ¿Si quiere un médico poner allí una consulta, también depende de la normativa de consentimiento? ¿Y si un echador de cartas quiere instalarse en la casa, los vecinos tienen voz y voto?

En los buenos tiempos del urbanismo, cuando en Sogepsa participaban el sector público y el privado, siempre pensé que un abogado competente hubiera podido detener el vehículo del Principado para intervenir en el suelo. Pero nadie lo intentó. El mundo judicial funciona a demanda (nunca mejor dicho). Quizás en este asunto de las VUT haya un letrado sagaz que logre una sentencia histórica.