Las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2039 dibujan una región con el 36,5% de la población por encima de los 65 años. Pasar del 28% actual al 36,5% supone incrementar sensiblemente el número de dependientes. De los 31.000 habitantes con un déficit de autonomía física o mental que necesitan de ayuda para realizar las tareas básicas, a los 80.336 que se calcula estarán en la misma situación dentro de quince años. En el presente, la atención a los mayores le supone al Principado un desembolso de 528 millones de euros, entre el gasto de la Dependencia (352 millones) y la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (193). Cuando los dependientes superen la cifra de 80.000, las prestaciones para los ciudadanos de autonomía reducida se dispararán, colocándose en la segunda gran partida de gasto, por detrás de la Sanidad y por delante de la Educación.
El Principado no está preparado para un cambio cuantitativo tan grande en la tercera edad. Faltan geriátricos, centros de Día, cuidadores profesionales, etc. En la actualidad no está la región mal dotada, ya que es una de las cinco comunidades autónomas que cumple con la ratio establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contar con cinco plazas geriátricas por cada cien personas de más de 65 años. Asturias tiene, incluso, superávit, ya que cuenta con 1.580 plazas más que las exigidas, pero la aceleración del envejecimiento hará que en pocos años necesitemos contar con muchos más recursos. Desde el año 2010, en que se empezó a tomar conciencia sobre la creciente demanda de cuidados que abría la Ley de Dependencia (abril 2007), aumentaron las plazas, sobre todo en el sector público, a diferencia de lo que ocurría antes, que la atención a los dependientes corría a cargo, mayoritariamente, del sector privado. Ante un escenario como el que dibuja el INE, hace falta actuar sin dilaciones. Es preciso aumentar la oferta de plazas geriátricas (en el presente más de 15.000), siendo tan válidas las que provengan de la mano de la iniciativa privada como de la pública. Sería penoso que la solución a una emergencia social pasara por el filtro de la ideología.
El alto porcentaje de mayores amenaza con desbordar los servicios sociales y también al sector sanitario. Pensemos que el 80% del gasto sanitario se concentra en los dos últimos años de vida. Habrá que reorientar gran parte de la actividad hacia lo sociosanitario, sin olvidar la economía productiva. Muy complicado.