Al iniciarse la actual etapa democrática se optó por un sistema territorial novedoso, el Estado de las Autonomías, que aumentó el número de funcionarios, al no conformarse los gobiernos autonómicos con la simple transferencia de empleados estatales.

Hubo dos razones para crear más plazas. Por un lado, las autoridades autonómicas, especialmente en algunos sitios como Cataluña y el País Vasco, desconfiaban de los funcionarios que habían estado muchos años a las órdenes de Madrid, y, por otro, tener más empleados en nómina fue el mecanismo que utilizó el emergente poder autonómico para adquirir más peso. En el caso del Principado, como la economía tiene un ritmo muy bajo de crecimiento, el aumento de personal fue por encima de la capacidad del Gobierno asturiano de financiarlo. Hace ya muchos años que llegamos a un punto en que la mayor parte de los ingresos fiscales y de la deuda que asume la comunidad autónoma van destinados a pagar la elevada nómina de empleados. Básicamente nos dedicamos a financiar gasto corriente.

Es necesario acabar con el irracional crecimiento de la Administración, porque lejos de agilizar la gestión, lo que hace es retardarla. A más jefes, más minuciosos y laberínticos son los pasos que dan los expedientes administrativos. Cada uno tiene que dejar su impronta en el procedimiento. La nómina a pagar cada vez es más elevada. Reducir la jornada laboral de 37,5 horas a 35 horas, supuso la broma de 105 millones de euros. Desde entonces, cada año nos cuesta la Administración 105 millones más. Ningún líder político tuvo la valentía de anunciar que no iba aumentar el tamaño de la Administración, al contrario, todos están de acuerdo en crear oficinas inútiles que sólo multiplican el gasto. Es cierto que todavía hay quien nos gana en la desenfrenada carrera, como la comunidad autónoma de Extremadura, que tiene en nómina a casi el 10% de la población.

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