Lo que más sorprende del pacto fiscal catalán es la desproporción entre las concesiones que hace Pedro Sánchez a los independentistas y el objetivo alcanzado. El presidente del Gobierno deja convertido en añicos el modelo de financiación autonómica, otorga privilegios sonrojantes a una de las regiones más ricas de España, humilla a los dirigentes autonómicos del PSOE y se gana la enemistad de gran parte del país, sólo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Se puede argüir que lo mismo sucedió con la Ley de Amnistía, al poner al país patas arriba concediendo a Puigdemont el privilegio de ser coautor de la ley que lo convertía en demócrata impoluto, y admitiendo que los más destacados beneficiarios de la medida de gracia dijeran en Parlamentos, mítines, conferencias y ruedas de prensa que «lo volveremos a hacer» (por cierto, ¿no hay base jurídica para anular la concesión de la amnistía a los que muestran tan firme voluntad de reincidir?).

Illa
La diferencia entre la amnistía y el pacto fiscal catalán reside en que la primera era el pago a Junts y ERC por mantener en el poder a Pedro Sánchez, mientras que el segundo sólo sirve para habilitar a Illa, un político gris, huidizo, que alcanzó la fama por estar en la pantalla durante la pandemia, haciendo de contrapunto, con su imagen triste, a las profecías del doctor Simón: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» (31 de enero, 2020).

En vez de intentar explicar el pacto fiscal, Pedro Sánchez se limita a alabarlo, diciendo que «el preacuerdo es magnífico para España y Cataluña. Todos los socialistas queremos que Salvador Illa sea presidente». Y cuando trata de decir algo relacionado con la teoría política, patina: «Damos un paso en la federalización del sistema autonómico. Es incuestionable». Un sistema federal tiene un poder central fuerte y las unidades federadas no tienen capacidad de independizarse, mientras el preacuerdo catalán es la concesión de un privilegio a una región de ricos.

Un privilegio que conlleva tener la llave de la caja, algo que es muy peligroso. Esta semana, Marta Rovira (ERC) declaraba que el fracaso de la intentona de 2017 fue por no tener acceso a la caja. Concesión de beneficios y asunción de riesgos, todo lo asume Pedro Sánchez, en la carrera alocada por compartir el poder con los enemigos de la Constitución.

Soberanía
La soberanía fiscal de Cataluña pone fin al actual modelo de financiación autonómica. El viernes pasado, decía Adrián Barbón que el sistema actual de reparto de recursos «está obsoleto, no da más de sí, está caduco desde hace muchos años». Pues bien, ahora sí que está obsoleto, con el 20% de los recursos del sistema centrifugados hacia Cataluña, el resto de las regiones no recibirán financiación suficiente para mantener los servicios públicos. El caso es que el Estado tampoco podrá hacer de Cirineo de tan pesada carga. Si se mira en perspectiva, la situación del Estado es patética, al ser el único en toda la UE que no recauda un euro en regiones ricas como el País Vasco, Navarra y, ahora, Cataluña. Qué extraña soberanía la del Estado español, que, en amplios territorios, donde vive casi la cuarta parte de la población, carece de ‘imperium’. La triste anécdota de 800 policías nacionales y guardias civiles residiendo en aquel ferry (buque Piolín) en Barcelona, durante casi tres meses, ilustró mejor que mil discursos la situación precaria del Estado en Cataluña.

Si el modelo de financiación autonómica no puede sostenerse sin la aportación catalana, toca preguntarse qué va a pasar con la sanidad, la educación y los servicios sociales de las regiones del régimen común. En el muy corto plazo, si la recaudación fiscal sigue creciendo, espoleada por la negativa de Sánchez a deflactar el IRPF, es posible que se puedan seguir financiando con cargo a los excedentes, pero como mucho será un parche coyuntural (estamos hablando de una pérdida de recursos que superará los 30.000 millones de euros). En cualquier caso, Sánchez, una vez rota la multilateralidad, sabrá dar respuestas singulares, empezando por las regiones que puedan colaborar, con sus votos, en sus equilibrios parlamentarios.

Rechazo
Por el bien de todos, es preciso que no salga adelante el sistema fiscal pactado por Salvador Illa y Marta Rovira. Va a costar mucho impedirlo, pero si los barones socialistas son conscientes de lo que se juegan en caso de plegarse a las directrices de la Moncloa, y si la dirección nacional del PP da la batalla en serio, sabedora de que el Estado puede quedar muy debilitado y las prestaciones sociales que gestionan los gobiernos autonómicos serán recortadas, el invento torticero de los independentistas no podrá consolidarse.

La lucha contra el pacto fiscal debe hacerse con el argumento del agravio. Es una vergüenza que Cataluña se quede con el 100% de todos los impuestos y el resto de comunidades estemos muy lejos de llegar a la mitad (del Impuesto de Sociedades no recibimos ni un euro). Es un trato de favor tan grande el que hace Sánchez a Cataluña que no cabe otra dialéctica que la del rechazo, sin entrar en componendas. Que la voracidad nacionalista haga descarrilar el Estado del Bienestar, que tanto costó levantar entre todos, es irritante.

Con todo lo visto el último año (amnistía, soberanía fiscal), ya sabemos que, luego, vendrá la consulta a los catalanes. Una razón más para pincharles el globo.