Desde la entrada en servicio del modelo de tren Avril para recorrer la línea de alta velocidad Gijón-Madrid los incidentes se suceden con el resultado de grandes retrasos. El personal queda tirado en la vía, sin recibir explicaciones de lo que ocurre, y acaba el viaje con desfase horario y el ánimo afectado por la incertidumbre. Lo mismo sucede en otros servicios de alta velocidad realizados con el tren Avril por España. Renfe, para evitar pagar cuantiosas indemnizaciones, ha cambiado el protocolo sobre puntualidad. Hasta el 1 de julio, si un tren se excedía en quince minutos en la duración prevista del viaje, se devolvía el 50% del precio del billete a los viajeros. Si la tardanza superaba los treinta minutos, la devolución del importe era completa. Al empezar el mes de julio las indemnizaciones sufrieron un cambio sensible. Si un tren llega con sesenta minutos, o más, de retraso, Renfe devuelve el 50% del importe del billete (antes era al cuarto de hora). Si la demora alcanza los noventa minutos, la empresa reintegra el 100% del importe pagado (antes era a la media hora). Renfe protege su cuenta de resultados a costa del viajero.

El servicio de alta velocidad se sigue degradando. El último problema sucedió en los aledaños de la madrileña estación de Chamartín, con 500 viajeros detenidos dos horas, sin poder abrir las puertas, por un fallo en el suministro de electricidad. Ante el agobio provocado por el encierro y el calor, algún solícito voluntario empezó a romper los cristales para poder respirar mejor. Una solución extrema. El Ministerio de Transportes y Renfe anuncian ahora el recurso a la vía judicial para compensar a la empresa del daño reputacional y del perjuicio económico causado por las devoluciones del pago de los billetes a los clientes. Al parecer, Renfe ya pidió soluciones a los accionistas de Talgo (suministradores del modelo de tren Avril) y a la dirección de la compañía.

Tanto el Ministerio de Transportes, como Renfe, deben tomar las medidas que crean más oportunas, pero los responsables del desaguisado, en último término, son ellos por no haber previsto lo que ocurrió. Primero fueron los retrasos y ahora son los problemas técnicos que interrumpen súbitamente los viajes. Mientras la clase política se deshace en loas a los servicios de alta velocidad, como si fuese una nueva frontera en las comunicaciones asturianas, el sufrido viajero llega más tarde que nunca. Óscar Puente y su gente sólo saben decir que están hartos y recurrirán a los tribunales.