Cataluña vivió uno de los días más degradantes (sino el más) de su historia reciente. La fecha estaba marcada en la agenda oficial por la sesión de investidura de Salvador Illa, líder del PSC y ganador de las últimas elecciones autonómicas, sin embargo, el protagonista de la jornada fue Puigdemont, auxiliado por la actuación de la policía autonómica (Mossos d’Esquadra) que tenía orden del Tribunal Supremo (TS) de detener al prófugo y se quedó cruzada de brazos viendo cómo el expresidente daba un mitin en el centro de Barcelona, subido a un estrado, a la hora previamente indicada, y a continuación desaparecía por las calles de la ciudad andando a paso ligero. Por si todo lo anterior no fuera suficientemente escandaloso, la policía autonómica desplegó un dispositivo –operación de jaula– con controles por todo el centro urbano, con resultado fallido. La policía judicial no atiende a las directrices del juez y se mueve por decisiones del estamento político. Llueve sobre mojado. El 1º de octubre de 2017 tenían orden de impedir la celebración del referéndum de independencia, y se limitaron a ir de ronda por la ciudad, en camisa de manga corta, zapatos planos y la defensa colgada del cinturón, como si fuera un servicio rutinario. A media tarde, Puigdemont, a través de las redes sociales, envió un mensaje escueto: «Todavía estamos aquí». Primero delinque, luego se fuga, más tarde redacta, a medias con la Moncloa, la ley de amnistía en beneficio propio y, al final, como el TS, considera que la Ley de Amnistía no es aplicable al delito de malversación de caudales públicos, retorna a Cataluña y no pasa nada. Toca preguntarse si la democracia catalana es homologable a la de los países de la UE.

En el Parlament, la sesión de investidura fue suspendida, a petición de Junts, por «la gravísima y desproporcionada actuación de los Mossos». Toda una burla. Posteriormente se reanudó. En su intervención inicial, Salvador Illa pidió la aplicación de la Ley de Amnistía «sin subterfugios». Ese comentario sólo tiene un destinatario que es el Tribunal Supremo. Illa asume el discurso de los independentistas: la legalidad no la infringen ellos, sino los jueces. En su parlamento, volvió a reafirmarse en la financiación singular para Cataluña (100% de impuestos) y la plurinacionalidad de España. El resto fue anodino. Salvador IIla fue elegido presidente con los votos del PSC, ERC y Comunes (68 escaños). El resto votó en contra (66). Empieza un mandato bajo la sombra alargada de Puigdemont.

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