En un trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pacto fiscal catalán se destacan las consecuencias del acuerdo para el Estado y el resto de regiones. En el estudio se plantea de dónde sacará el Estado el dinero para mejorar la financiación catalana. Hay dos vías, una reducción drástica del gasto público o el incremento de impuestos en los demás territorios. Si el Estado opta por bajar el gasto, tendría que reducir, forzosamente, prestaciones como las pensiones. El malestar social conllevaría protestas masivas y en esas circunstancias no hay Gobierno en minoría parlamentaria que se mantenga a flote. Pedro Sánchez es muy consciente de que el nivel adquisitivo de los pensionistas es una línea roja.

Si se elige la vía de aumentar los tributos, la factura catalana la podría pagar el Estado subiendo un 29,5% el tramo de IRPF del Estado. Aumentar casi un tercio el tipo del IRPF es una barbaridad. Se hundiría el consumo y la gente tendría muchas dificultades para mantener el tipo de vida que lleva en la actualidad. También cabe renunciar al aumento de los tributos, aceptando la caída de ingresos; dicho con otras palabras, aumentar la financiación catalana a cambio de reducir la de las demás comunidades autónomas. En ese caso la financiación del resto de regiones tendría una mengua del 10,7% de media. En conclusión, tanto la política de restricción del gasto, como la del aumento impositivo, serían muy lesivas para los territorios, hasta el punto de hacerlas inviables.

Desde 1999, partidos políticos catalanes y fuerzas sociales empezaron a poner en entredicho la transferencia de recursos a la caja común. Como si, por ejemplo, la comunidad autónoma de Madrid no hiciera una contribución mucho mayor a la solidaridad interterritorial. Entonces empezaron a circular dos mantras: «La fatiga fiscal catalana» y «España nos roba». Los distintos gobiernos de España no los combatieron como se merecía. Desde entonces, ellos hacen un cálculo chapucero de lo que aporta Cataluña al Estado y lo que recibe de él. Lo califico de chapucero porque siguen la metodología del «flujo monetario» que no tiene credibilidad internacional. Hecha la cuenta, ellos dicen que les debemos 22.000 millones al año. Según Fedea, el cálculo tiene una desviación del 65% sobre la realidad. Pues bien, aun aceptando que, al final, aceptara la Generalitat una rebaja del 30% al 60% en sus previsiones, el trasvase de recursos llegaría a los 13.000 millones al año. Una sangría.