La Federación Socialista Asturiana (FSA) y el Gobierno socialista (con un consejero de IU) han sido los grandes protagonistas de la semana por dos motivos de muy distinta naturaleza. Uno de carácter chusco, derivado de los ataques furibundos de un colectivo inexistente, que se autodenominaba como sector crítico y firmaba como, Socialistas Asturianos, contra Adrián Barbón. No le criticaban como presidente, sino como secretario general, por dejar que el partido quedara secuestrado por Ovidio Zapico (IU). No creo que Ovidio sea capaz de secuestrar ni al más pequeño rayón del Parque Natural de Redes. Cuando tenían que dar la cara, se esfumaron, dejando un halo fantasmal en la huida.

Una especie de inocentada, propia del 28 de diciembre, que provocó una movilización de la mayoría de las agrupaciones socialistas en defensa de Adrián Barbón. Se puede también ver como una gamberrada de unos tipos intelectualmente insolventes, que se convierten en sector crítico sin lograr formular una sola crítica (lo del secuestro es una memez).

Entiendo que la FSA tome medidas legales para tratar de conocer la identidad de esos individuos, aunque solo sea para evitar que surjan imitadores, pero el relato de fuentes próximas a la dirección de la FSA, afirmando que grupos vinculados con formaciones extremistas «se han inventado la existencia de un sector crítico» para desestabilizar al partido, carece de lógica. Es imposible que unos pirados desestabilicen a la FSA ni a ningún otro partido. Y no digamos ya, si encima son de extrema derecha, al estar pertrechados de una ideología contra la que están vacunados todos los miembros del partido.

Si el primer motivo era chusco, el segundo es muy serio. El modelo singular de financiación para Cataluña llegó a la Junta General del Principado y estuvo en el orden del día de la Junta de Portavoces, por iniciativa del PP. En principio, lo mejor era llegar a un amplio acuerdo, aunque fuera muy difícil, porque los grupos de la izquierda asturiana (PSOE, IU-Convocatoria) están vinculados al Gobierno de España, que es el gran avalista del pacto fiscal catalán. Aun así, merecía la pena no actuar con precipitación y tratar de consensuar un texto que fuera mínimamente presentable ante la opinión pública asturiana. Cosa que no ocurrió.

A la reunión llegaron ya separados. La izquierda iba junta (PSOE, IU-Convocatoria y la diputada Tomé), con dos iniciativas que tienen en común ratificarse en los acuerdos de la Junta General del Principado sobre criterios de financiación territorial (año 2020) y en la Declaración de Santiago (año 2021) que aboga por la multilateralidad y la prestación de servicios en iguales condiciones para todos. El PP, Foro y Vox presentaron propuestas distintas, pero que coincidían en lo fundamental: rechazo al acuerdo entre PSC y ERC porque rompe la solidaridad interterritorial y denuncia de la bilateralidad, como vía para obtener privilegios.

Coherencia
Al final, excepto Vox, todos votaron la propuesta de la izquierda. Luis Venta (PP) dijo que lo hacía «por coherencia», al haber apoyado en su día los criterios de financiación aprobados en la Cámara autonómica. Sin comentarios.

Recapitulemos. Una convocatoria (portavoces) que estaba ideada para posicionarse sobre el atropello catalán, se convirtió en un consenso sobre acuerdos de financiación de hace años, cuando Cataluña era una comunidad más, no lo que es ahora, un territorio con soberanía fiscal que va a recaudar y gestionar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio, dejando en precario al resto de regiones, Asturias entre ellas. De seis grupos políticos, cinco se sumaron a una declaración humillante que se niega a decir una palabra sobre el asunto que preocupa a todos, para no incomodar al Gobierno de España.

Desde estas líneas ponderábamos hace unos días la respuesta de Adrián Barbón al pacto fiscal catalán, pero el texto que llevó la izquierda a la Junta de Portavoces responde a otra estrategia. El presidente del Principado hacía una crítica al desarme del Estado y prevenía contra la pérdida de solidaridad y el abandono de Cataluña del régimen común de financiación.

Trinchera
Situada la cuestión en clave parlamentaria, el PSOE se atrinchera en una posición mucho más cómoda, ignorando el acuerdo catalán, limitándose a recitar el catecismo de las regiones pobres y despobladas. Ejemplo claro fue la respuesta dada por la portavoz parlamentaria del grupo socialista, Dolores Carcedo, al preguntarle por las razones que llevaron a la izquierda a no incluir un rechazo expreso al acuerdo entre PSC y ERC que se basa en la bilateralidad y la soberanía fiscal: «Consideramos que la mejor forma de decir claramente cuál es nuestro posicionamiento en materia de financiación autonómica es lo que tenemos que hacer desde Asturias». Con otras palabras, no me pida la opinión sobre el pacto fiscal catalán porque nosotros no hablamos de eso.

Dentro de tres semanas empezará el curso político. Lo vamos a iniciar con la hipoteca de una izquierda que no piensa plantar cara al desafío catalán, para no dañar al Gobierno de Pedro Sánchez y una derecha encogida que vota con la izquierda para evitar que le cuelguen la etiqueta de incoherente. En esas coordenadas se mueven los representantes de los asturianos. Si al final, la soberanía fiscal catalana se trunca, no será por mérito de los nuestros.