La Consejería de Educación rechaza los porcentajes de interinidad dados a conocer por el sindicato Anpe en las plantillas de profesores y maestros. Para el Principado, la educación asturiana cumple con las tasas de interinidad previstas tras dos años de proceso de estabilización que convirtió a los funcionarios temporales en fijos. El objetivo que se había marcado la Administración asturiana era bajar el porcentaje de temporales al 8% de la plantilla, y aseguran que en la actualidad ya está por debajo del 7%. Anpe, por su parte, mantiene que el 22,5% de los profesores y maestros siguen siendo interinos; asegura que sólo lograron convertir en funcionarios con plaza fija a 1.562 profesores y maestros. En vísperas del inicio del nuevo curso escolar, Anpe mantiene que en los centros habrá, de entrada, 2.770 interinos que aumentarán en las siguientes semanas.

Cuando la Consejería de Educación y el sindicato que tiene una mayor representación en la Junta de Personal Docente discrepan de una forma abierta la mayor parte de la gente que sigue este asunto, con mayor o menor interés, se abona al escepticismo. Nuestros debates públicos están lastrados por defectos que una y otra vez se repiten. En una discusión sobre personal de la Administración no cabe trabajar con cifras divergentes. Los datos son los que son y no es posible aumentarlos o disminuirlos según el interés de las partes. El Principado dice que para calcular la interinidad hay que partir de la plantilla orgánica, que es de 9.522 personas, sabiendo que hay una parte de la plantilla de imposible estabilización: liberados sindicales, equipos directivos de los centros, comisiones de servicio del personal de la consejería. Anpe parte de la plantilla orgánica, pero prevé que habrá 2.770 interinos al empezar el curso. No queda ahí el cálculo, sumando las vacantes que dejarán las jubilaciones y las causadas por reducir a 23 las horas lectivas semanales aparecen otros 1.000 interinos.

Dada la disparidad de criterios, debería la Consejería de Educación convocar a los sindicatos y acabar con este baile de cifras. La ciudadanía tiene derecho a saber si en el sector de la educación pública hay un 22%, o más, de interinos o si el proceso de estabilización fue un éxito y los temporales no pasan del 7%. Mientras no se aclaren cuestiones como ésta, el Principado no puede hablar de transparencia. Un día nos ocultan los resultados de la política de incentivar la natalidad y al otro no sabemos si hay más o menos interinos.