La ordenación del territorio es la materia en que ha dado más tumbos el Principado, desde 2019, año en que Adrián Barbón llegó al poder. Tenía el Gobierno socialista muy fácil empezar a profundizar en la ordenación territorial, porque en las últimas semanas del anterior mandato se había aprobado el convenio del Área Metropolitana (AM), firmado por cinco de los seis ayuntamientos más poblados de la región. Sólo se necesitaba incorporar a Oviedo.

Ruralistas
El Ejecutivo socialista desanduvo el camino y abandonó el proyecto del AM. El entonces consejero de la cosa, Alejandro Calvo, pronunció una frase incoherente, pero que nos dio muchas pistas. Dijo que no quería que el AM fuera «un club de ayuntamientos, sino que vaya a una geometría variable». Es decir, el territorio (tierra, árboles, carreteras, edificios, etc.) se puede estirar y someter al gobierno de distintas autoridades, según el tema que se trate. Por debajo de la incoherencia latía algo que no tardamos en detectar: el sentimiento profundamente ruralista de los gobiernos de Adrián Barbón, que recelan de las urbes y prefieren destinar siempre recursos a los lugares más despoblados, en nombre del progreso.

Pasado un tiempo, el Principado recuperó, aunque fuera nominalmente, al AM, para decir que formaría parte del Plan de Ordenación Integral del Territorio. Un plan gaseoso, a juzgar por sus declaraciones de sus autores, que justificaron su existencia en la creación de «una red de áreas funcionales que se relacionarían entre sí, y todos los concejos ganarían». Olé.

En el ecuador del mandato nos dijeron que la ordenación territorial iba a seguir el modelo de las áreas funcionales del País Vasco. Tienen 16 áreas con características comunes. Se trataba de ser más eficientes. Para que fuéramos preparándonos, la directora general del territorio, Sonia Puente, afirmó que «estamos ante un cambio de paradigma».

A principios de 2023, Alejandro Calvo reunió a representantes de 30 concejos del centro de la región para establecer un marco de gobernanza conjunta que tendría geometría variable. Otra vez la sombra del AM.

A punto de terminar el mandato, el Principado anunció que había finalizado la redacción de la Ley de Ordenación Integral del Territorio (Loita). Sus objetivos serían flexibilizar la planificación urbanística y dotar a los ayuntamientos de herramientas para gestionar el suelo urbano y rural de «una forma estratégica, ágil y flexible». Qué novedoso.

Izquierda Unida
Llegaron las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y todo lo anterior quedó enterrado. Al formar el nuevo Gobierno la ordenación del territorio, como el urbanismo y la vivienda quedaron en manos de IU, con Ovidio Zapico de consejero.

Durante este último año no supimos nada, o casi nada, de la cuestión. El pasado jueves, pudimos leer en estas páginas que la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos apuesta por asociaciones de colaboración intermunicipal. El instrumento que va a utilizar el Principado para mejorar la articulación territorial es el Área de Colaboración Intermunicipal (ACI).

Ya hay una funcionando, formada por Quirós, Teverga, Proaza y Santo Adriano. Ronda los 3.500 habitantes. LA ACI se va a dedicar a contratar servicios de recogida de basura y digitalizar los contadores de agua. Imagino que la basura la recogían hasta ahora los ayuntamientos o tenían algún acuerdo con Cogersa. En cuanto a la digitalización de los contadores de agua, la verdad es que me pierdo.

Hay otras dos ACI a punto de constituirse. Una es en el oriente, formada por Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva. No llega a 3.500 personas. Van a dedicar sus esfuerzos al mantenimiento de caminos. Ya lo hacen ahora cada uno por su cuenta.

Por último, la ACI del suroccidente, con Allande, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Tineo, Salas y Pravia. Un total de 38.000 habitantes. Se centrarán en la limpieza del río Narcea, en los tramos urbanos. Ya lo hace la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a través de un convenio con cada ayuntamiento. Los alcaldes prefieren un solo convenio en que estén todos. Para eso constituyen la ACI.

Colaboración
Me parece de perlas que aumente la colaboración entre ayuntamientos para resolver problemas comunes. Ahora bien, la suma de ACIs, por muchas que se formen, no sirve para reordenar el territorio regional.

La cuenta pendiente del Gobierno es hablar menos y hacer más. Para transformar el mapa sanitario de ocho áreas a tres necesita un año y todavía falta el trámite parlamentario. Anuncian el verano pasado que van a reformar la Ley de Turismo y veremos si lo hacen en otoño.

Les guste o no a los ruralistas, Asturias tiene un Área Central Metropolitana sin desarrollar. La actividad, la investigación y el empleo regional están ahí. Por cierto, para justificar las ACIs, dicen que les permitiría acceder a los fondos europeos. Para recibir subvenciones, la Comisión Europea privilegia a las grandes aglomeraciones urbanas.

Veamos lo que pasó con los fondos Next Generation. En la lista enviada a Bruselas, aparece que hubo 30 ayuntamientos que captaron 400 millones. Madrid, el que más recibió, seguido de Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo, Málaga (todas entre las 14 ciudades más pobladas de España) y la empresa de transportes de la zona metropolitana de Barcelona. Con AM podríamos haber obtenido financiación.