En la Consejería de Hacienda perfilan los datos que constituirán el proyecto de presupuestos del Principado para 2025. Entre las notas más destacadas está la fuerte bajada de la inversión productiva. Si en este ejercicio estaba en 993 millones de euros, para el próximo estará en algo más de 600. La pérdida de un tercio de recursos se debe, en parte, a la caída de los fondos europeos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la disminución del dinero que nos llega por el sistema de financiación autonómica y el techo puesto al déficit público autonómico, que sólo podrá ser de una décima del PIB. En conjunto, disminuirán los ingresos en 400 millones; la forma de compensar esa rebaja de recursos en las cuentas es, básicamente, reduciendo la inversión en 369 millones.

El Gobierno regional se apunta a una forma de equilibrar las cuentas que no es la única ni la más acertada. En ningún sitio está escrito que la disminución de recursos fiscales deba compensarse a costa exclusiva de la inversión productiva. Y lo que ya resulta disparatado es que caigan los ingresos, se reduzca la inversión en un tercio y aumente el gasto corriente. Esta forma de proceder define la estrategia presupuestaria asturiana desde hace décadas: el gasto corriente es sagrado, la inversión es productiva es prescindible. Al final, la región trabaja para la Administración, que año tras año engorda el ejército funcionarial: en cada ejercicio hay más empleados públicos que en el anterior. Utilizar la palanca del presupuesto –legendaria arma de Keynes para activar la economía– para pagar sueldos y conceder subvenciones es lo mismo que pasar el dinero de la cartera de unos asturianos a otros, sin crear valor añadido. No es admisible que en un momento en hay que introducir ajustes en el presupuesto el gasto corriente crezca sin ton ni son. Decir que no se puede prescindir de ningún gasto es una absoluta falacia.

Todo lo anterior lleva a pagar más en impuestos, que es lo que ocurre en Asturias porque el Gobierno regional no quiere deflactar el IRPF. Sí lo hicieron otros gobiernos autonómicos socialistas, pero el Principado se niega. Al crecer los precios y los salarios no mejora nuestro poder adquisitivo, pero accedemos a tipos fiscales más altos y pagamos más a Hacienda. Para mantener este trato injusto, el Principado se ha inventado ‘la vía fiscal asturiana’, que consiste en introducir deducciones fiscales que benefician a determinados colectivos. Una forma de hacer clientela.