El visto bueno de los socios del Gobierno asturiano (PSOE, IU-Convocatoria por Asturias) a la creación de una tasa turística de carácter municipal ha provocado respuestas opuestas. Mientras los alcaldes de concejos marcadamente turísticos (Cudillero, Valdés, Cangas de Onís) aplauden el paso dado por el Gobierno, los dos grandes ayuntamientos (Gijón y Oviedo), receptores también de un gran flujo de visitantes, no consideran acertada la aprobación del tributo. Otros ayuntamientos se mantienen a la expectativa, como es el caso de Avilés, que está abierto a estudiar la propuesta.

Mientras no se desarrolle la norma que dé paso a la implantación del tributo, es lógico que los alcaldes se muestren cautos, incluso cuando están a favor de la existencia de la tasa, dado que el Principado puede limitarse a dar una genérica autorización a los consistorios o fijar condiciones que reduzcan la libertad de elección municipal. Una de las primeras demandas que han expresado es la de tener autonomía para cuantificar la aportación de los turistas. Me inclino a pensar que el Principado establecerá límites. Creo que lo mejor sería que cada ayuntamiento adapte el tributo a lo que de él espera: la financiación del gasto extra que causan los visitantes. No es sólo la cuantía la que está en juego, sino también la temporalidad del tributo. El regidor de Valdés, por ejemplo, es partidario de aplicar la tasa sólo en julio y agosto.

PP, Vox y Foro rechazan el tributo y consideran que es una imposición de IU. Es cierto que llevan nueve años presionando para su implantación. Es probable que cause más perjuicio que beneficio, porque en Asturias no hay zonas turísticamente saturadas que la necesiten; por otro lado, los alcaldes hablan de los gastos extra, pero no de los ingresos extra que proporciona el crecimiento temporal de la población (creación de empleo, consumo en los negocios abiertos al público, etc.). El enriquecimiento de la población genera ingresos a la Administración. ¿Fijaría el mismo tipo impositivo de IBI el Ayuntamiento de Llanes si no fuera un municipio turístico, con multitud de segundas residencias que generan exacciones fiscales que pagan los visitantes? Hubo años en que estuvo más alto que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Por no hablar del impuesto a la construcción, que está en torno al 4% del valor de la vivienda, y lo cobran los ayuntamientos. Todo tributo tiene ventajas e inconvenientes que deben valorar los plenos municipales sin sesgos maniqueos.