En la Comisión de Hacienda el PP presentó una iniciativa parlamentaria de rechazo al modelo singular de financiación para Cataluña que han pactado los socialistas catalanes y los independentistas de ERC, con el aval del Gobierno de España. La iniciativa fue aprobada por PP, Vox y Foro (22 votos) y rechazada por PSOE y Convocatoria por Asturias (22 votos). El desempate se resolvió por el voto de calidad del presidente de la Comisión, Adrián Pumares. La propuesta no comporta obligaciones ni quita margen de maniobra al Gobierno de coalición (PSOE, Convocatoria), pero supone un gesto político, ético, moral, ante la decisión más dañina para Asturias que se ha tomado desde una comunidad autónoma con la absoluta complicidad del Gobierno.

La intervención en el debate del Gobierno de coalición, a través del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y del grupo parlamentario socialista, representado por el diputado, Fernández Huerga, fue un ejemplo de discurso a la defensiva, rehuyendo posicionarse sobre las increíbles cesiones del Gobierno a los independentistas catalanes, entregando la recaudación del 100% de los impuestos a la Generalitat, mientras la Hacienda estatal se queda con la mayoría de lo que recauda en el resto de las regiones, con la excepción del País Vasco y Navarra. En vez de reconocer que el pacto fiscal, PSC-ERC, crea la mayor desigualdad entre territorios conocida desde el inicio de la etapa autonómica, los socialistas asturianos se salieron por los cerros de Úbeda. Huerga volvió a agarrarse al argumento de que la política del Principado está clara por los acuerdos en la Junta General del Principado (año 2020) y la Declaración de Santiago (2021). Esos posicionamientos son muy anteriores a la aprobación de la singularidad fiscal de Cataluña. Salir ahora con que el Principado está a favor de un modelo fiscal basado en la población ajustada es patético, cuando los socialistas catalanes cuentan con la luz verde de Pedro Sánchez para constituir una Agencia Tributaria y gestionar todos los recursos fiscales.

Guillermo Peláez utilizó la misma estrategia, afirmando que no apoya la censura del pacto fiscal porque «no es el momento procesal, no se conoce la propuesta ni cómo afecta al sistema de financiación». Que todo eso lo diga un inspector fiscal cuando todos los especialistas en financiación territorial (la mayoría catedráticos de Hacienda) se han decantado de forma unánime contra el pacto, debería provocar sonrojo. Así se defiende la región.