El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) culpa a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) del incendio que arrasó la planta de basura bruta donde se manipulaba la llamada, ‘fracción resto’ (los residuos más irreductibles). Tras conocer el dictamen pedido a una consultora independiente, Cogersa culpa a Tragsa del siniestro «por acción u omisión» y le pide una millonada para resarcirse de las pérdidas causadas por el fuego. En el informe se relaciona el incendio con la escasa formación de los operarios que trabajaban en la planta.

Si no fuera por la transcendencia del suceso, por la pérdida económica infligida, que será costeada por nosotros vía impuestos, daría para recrearse en la disputa abierta entre Cogersa y Tragsa, la primera, sociedad pública del Principado y la segunda, empresa estatal creada hace cerca de cincuenta años para el desarrollo del agro y, luego, convertida en un comodín para las administraciones territoriales, abierta a atender todos los problemas que ellas no saben resolver. Tan intensa es la relación entre el Principado y Tragsa que la patronal de la construcción, CAC-Asprocon, pidió que se saquen a licitación los trabajos que encargan a Tragsa. Aunque es sabido que entre bomberos no se pisan la manguera, aquí tenemos una excepción, con una sociedad pública quejándose de la cualificación de los operarios de una empresa pública a la que subarrendó la gestión de la planta, por falta de medios propios para hacerlo.

En diciembre de 2023 se terminó de construir la planta de basura bruta, en enero de 2024 se estrenó y en abril ardió en llamas. Ahora se aprueba la reconstrucción, con la idea de que esté operativa en el último trimestre de 2025. La entrada en funcionamiento de la planta de basura bruta supuso la posibilidad de elevar el reciclaje al 55%, pero a cambio subió la factura que pagan los ayuntamientos al consorcio en un 43%, que posteriormente repercute en el vecindario. Una servidumbre, no menor, para contar con la tecnología más avanzada (recordemos que se decía que la planta era la más moderna de España). Al peaje económico se añadió el problema de las 160.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) que no tienen destino en Asturias. O se venden en el extranjero o se queman, si un día el Gobierno es capaz de construir una incineradora. Un monopolio público, como el de la recogida de basuras, nos ha traído hasta aquí: modernidad de costes altos (siniestros incluidos), con residuos sin destino.