El Principado ya tiene el borrador de la Ley de Infancia y Adolescencia. En los últimos años, otras comunidades autónomas legislaron sobre menores de edad y el Principado sigue la senda abierta por el País Vasco, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Las leyes se publican con el objetivo de reforzar la protección de menores. Lo primero que habría que preguntarse es si, en la actualidad, los menores necesitan de un mayor amparo legal. La respuesta es negativa; hubo en los últimos 30 años una abundante legislación de protección al menor que empieza con la ley orgánica de 1996, que luego fue reformada en 2015, y, posteriormente, la ley orgánica de 2021 que combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia de una forma integral; por último el Gobierno aprobó, el pasado mes de junio, el anteproyecto de ley orgánica para garantizar la protección de los menores en el entorno digital (no podrán acceder y registrarse en redes sociales hasta los 16 años). Conclusión: toda la legislación que se haga desde las comunidades autónomas es tan necesaria como un abrigo en verano.

En el borrador de la futura ley asturiana se contempla la creación de una Procuradoría de la Infancia y Adolescencia, dotada con 250.000 euros. El titular de la oficina será un funcionario del Grupo A (el nivel más alto), elegido por la mayoría absoluta de la Cámara. Una vez más se confirma que los políticos, ante cualquier posible problema, responden con burocracia.

Entre las prioridades de la ley está promover la participación de los menores en política. Se va a crear en las instituciones autonómicas el Foro de Participación Infantil y Adolescente, que deberá ser consultado en los proyectos y planes del Principado que afecten a la infancia y adolescencia. Los ayuntamientos también estarán obligados a constituir foros locales de la infancia y la adolescencia con órganos consultivos y de participación en todos los asuntos que afecten a los menores, como, por ejemplo, «las inversiones en los colegios». Así que, primero, vacían las asignaturas de contenido (Ley Celaá), a continuación, les dan aprobado general, y luego, les piden que valoren las inversiones a realizar en los centros escolares. ¿Con qué criterios las van a valorar? ¿Les damos instrumentos para analizar un presupuesto, cuando diputados y miembros del Gobierno llaman inversión a lo que es gasto? Niños y adolescentes no necesitan política, sino formación escolar de calidad. ¡Qué grandes legisladores tenemos!

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