La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha ratificado en la Junta General del Principado que la planta de basura bruta se reactivará en 2025, sin que la oposición crea su anuncio. Hay razones para dudar de su vaticinio. Todos los calendarios sobre infraestructuras y equipamientos se incumplen, sin que haya motivos para pensar que la recuperación de la planta de basura bruta, tras el incendio, vaya a ser una excepción. En diciembre de 2023 se terminó de construir, con retraso; en enero de 2024 se inauguró y en abril fue pasto de las llamas. El perjuicio que causa la paralización de la planta, al tener que volver a depositar todos los residuos en el vertedero, es muy grande, porque ahora el recurso del vertedero está penalizado por decisión de Teresa Ribera, al incluir un nuevo tributo en la Ley de Residuos, que origina el pago de 40 euros por tonelada. No se entiende que el Principado haya dejado pasar seis meses sin ponerse a reconstruir la planta. Con estos antecedentes, no nos debería extrañar que la entrada en funcionamiento de la instalación se demorara más de lo que prevé Roqueñí.

Hasta el presente el incremento de costes ha llegado amortiguado al ciudadano. El próximo año cambia, porque en las previsiones de la Ley de Residuos está la introducción de una tasa que incluya el coste real de las operaciones de recogida, transportes y tratamiento de residuos. La idea es que los ciudadanos se vean presionados, por razones económicas, para reducir al mínimo los residuos que entregan al consorcio.

Visto lo anterior, no parece que la planta de basura bruta sea la panacea, mientras la tecnología existente no permita reducir aún más la fracción resto (160.000 toneladas de combustible sólido recuperado). Es probable que toda la senda del reciclaje, seguida hasta aquí, sea medioambientalmente acertada, pero en exceso onerosa, obligando a preguntarse cuál es el coste máximo por tonelada de residuos que es sensato pagar. Como en el asunto de las basuras no hay precios de mercado, sino meras decisiones de una administración que trabaja en régimen de monopolio, se puede llegar a operar con unos costes desorbitados que se convierten en precio para el ciudadano. Tengo la impresión de que la cuestión de las basuras no ha superado el nivel de debate municipal, mientras en la Junta se reduce a mera politiquería. Un día la tonelada de basura será intercambiable por no sé cuántos kilos de acero o gramos de oro. Un commodity. Hacia ahí vamos.