Recuerdo que hace unos quince años, el Principado presumía de los consorcios públicos de la región, por el gran servicio que prestaban a los ciudadanos y su excelente gestión. La práctica laudatoria cayó en desuso con el cambio de los gobiernos porque todas las modas caducan. Me viene todo esto a la cabeza al pensar en Cogersa. Arrancó su andadura en 1982 y fue un caso precoz de acumulación de residuos en el vertedero y ahorro en los bancos. Hay muchas empresas en España que recogen y tratan las basuras, pero pocas, o ninguna, con tanta capacidad de ahorro. El método fue muy sencillo, elevar la tarifa que cobra a los ayuntamientos (éstos la repercuten a los vecinos) por encima del gasto. En 2023 estaba en 96 euros la tonelada de residuos orgánicos. Con ese método llegó a tener 150 millones inmovilizados en una entidad financiera muy identitaria, que creo recordar que lo remuneraba al 4%. Un día se lo dije a un político y me repuso que ahora había mucho menos dinero inmovilizado. Claro, por el medio se construyó la planta de basura bruta (63 millones) que, más tarde, se convirtió en humo. Antes de contar con el vertedero central ya tenía un gerente que estuvo 38 años en el puesto, hasta que alcanzó la edad de la jubilación. Una trayectoria brillante, porque fue capaz de acrecentar las instalaciones, aumentar los empleos y, a la vez, incrementar los ahorros.

Antes comparé Cogersa con otros consorcios para decir que era el más saneado y, ahora, la comparo con el resto de entes de la Administración autonómica que deben aprender de Cogersa a expansionarse y, a la vez, agregar ceros en la cartilla de ahorros. En algún lugar leí hace muchísimos años que las tasas por la prestación de un servicio no podrán exceder del coste real o previsible del servicio. Igual eran leyes de los romanos.

Cogersa tiene muchos seguros, como otros entes semejantes, pero el seguro para daños propios (incendios, robos) caducó hace dos años y medio y no lo renovó porque costaba 169.000 euros anuales. Según Roqueñí, presidenta de Cogersa, la decisión la tomó el departamento económico del consorcio. ¡Hay que ver lo que manda ese departamento! En 2022 se quemó la planta de inertización de residuos peligrosos y, a falta de seguro, costó 1,7 millones. En 2024 se incendió la planta de basura bruta y, si no le puede pasar el ‘muerto’ a Tragsa, tendrá que pagar 14,7 millones. Roqueñí dice que hay que acelerar la renovación del contrato que falta (daños propios). ¿Entre el cero y el diez qué nota le pondrían al consorcio?