Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha comparecido en la comisión parlamentaria donde se tratan los asuntos de su consejería, a petición del PP, para hablar sobre la actuación de la empresa pública Vipasa, que gestiona el parque público de viviendas del Principado. Hay que agradecer a Zapico que haya mostrado la realidad de la vivienda pública con transparencia, por dura que sea. Veamos.

Vipasa es propietaria de 753 viviendas; están alquiladas, cada una, por 239,4 euros. Para comprobar la corrección de su uso se diseñó un plan de inspección, con 156 visitas a pisos, con un resultado escandaloso. Hay 11 inmuebles ocupados de forma irregular, al no coincidir los moradores con los titulares del contrato; otros 42 no estaban utilizados como vivienda habitual; 47 habían sido ‘asaltados’, un término que sugiere el modelo okupa de disfrute de los pisos, y solo en 29 coincidían la letra del contrato con la realidad. Quedan todavía 27 por inspeccionar. El balance, aunque sea provisional, es espectacular: de 129 viviendas chequeadas, en 100 reina el desorden, bien sea porque habita la casa gente a la que no le corresponde, porque tenían un uso de segunda vivienda o porque unos bárbaros se instalaron en ellas por las bravas. Si extrapolamos las incidencias a todo el conjunto de viviendas de Vipasa, nos encontramos con que 583 pisos no están sirviendo para los fines que se contrataron, cuando no sufren, directamente, la invasión de desaprensivos. Es difícil imaginar un panorama tan desolador si en vez de ser inmuebles de propiedad pública, estuvieran en manos privadas. Una vez más se comprueba la falta de respeto y consideración hacia los bienes públicos. ¿Cómo estaría el parque de viviendas de Vipasa hace unos años, cuando ningún gestor se molestaba en hacer una inspección rigurosa de las viviendas?

La lamentable situación del alquiler de la vivienda pública se completa con la montaña de deuda que origina, pese a ser inmuebles arrendados a un precio muy inferior al de mercado. Resulta que los inquilinos, de ahora y de antes, deben 4,4 millones a Vipasa. Hay un total de 2.463 arrendatarios morosos, lo que supone una deuda, per cápita, de 1.786 euros. A base de acuerdos individuales, troceando las deudas, el actual equipo de Vipasa ha recuperado este año 300.000 euros.

Esta es la realidad de los bienes públicos y de su gestión: el abuso y el desprecio, por un lado, y el encogimiento de hombros por el otro.