En el agitado debate sobre la vivienda que recorre España, la ministra, Isabel Rodríguez, nos dio su receta desde el Congreso de los Diputados: blindar el suelo público y el parque público de viviendas (que las viviendas no puedan ser desclasificadas), más recursos (en los últimos seis años, desde que llegó Pedro Sánchez al poder, se presupuestaron 20.400 millones de euros), más regulación, instrumentos fiscales (incentivos para el alquiler barato) y colaboración (mensaje para los gobiernos autonómicos del PP). Con esa receta espera en esta legislatura solucionar la crisis de la vivienda.

Con el telón de fondo del debate en el Congreso de los Diputados, esta semana fueron noticia en estas páginas el chequeo a Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias), la empresa que gestiona el parque público de viviendas, y los problemas de Sedes, la única empresa constructora pública de nuestra región. Sedes, promueve y construye, mientras que Vipasa arrienda pisos. Dos empresas que podría aportar alguna utilidad, pero arrastran una ejecutoria que las convierte más en motivo de suspicacia que de alegría.

Vipasa
En el reparto de competencias del Gobierno de coalición, la vivienda y sus instrumentos son gestionados por IU-Convocatoria por Asturias (IU, Más País e Izquierda Asturiana). Es la primera vez que IU se responsabiliza de empresas como Sedes o Vipasa, que han sido fuente de polémicas en varias legislaturas. Con buen criterio, Ovidio Zapico, portavoz parlamentario y coordinador general de IU, decidió realizar una inspección a las viviendas para conocer su estado. Se tomaron como muestra 156 pisos; el balance, aún provisional, es desolador: once domicilios estaban ocupados por personas distintas a las que habían firmado el contrato; cuarenta y dos inmuebles eran utilizados como segunda vivienda; en cuarenta y siete apartamentos los moradores se habían apropiado de la estancia por la fuerza, siendo solo veintinueve los pisos que tenían un uso correcto. Hay veintisiete que todavía no han sido inspeccionados. En resumen, de ciento veintinueve viviendas chequeadas, cien está en situación irregular.

Tanto el PP, como los grupos minoritarios de la izquierda, cuando estaban en la oposición se quejaron repetidas veces del estado en que se encontraban las viviendas de Vipasa, tan deterioradas que no parecían aptas para el uso (como por ejemplo las de Anieves, en la imagen que acompaña este artículo). Ahora bien, lo que no se podían imaginar es que sólo un porcentaje pequeño de ellas cumpliera con el fin previsto. Sólo desde una absoluta falta de control se explica que haya tan variopinto personal habitándolas, sustituyendo, a veces, el procedimiento administrativo por la ganzúa o la patada en la puerta. Parece mentira que el Principado haya sido consciente durante años del desmadre, sin intentar restablecer el orden. No se puede presumir de parque público de viviendas, cuando las casas están deterioradas y los beneficiarios de las mismas no coinciden con los nombres de los adjudicatarios.

El segundo aspecto, no menos llamativo que el anterior, son los impagos del alquiler. Pese a que la media de la renta mensual está solo en 239,4 euros, la deuda contraída por 2.463 arrendatarios se eleva a los 4,4 millones. Una deuda per cápita de 1.786 euros. Un agujero en los alquileres que convierte al parque público de viviendas en un absoluto desastre: lo disfrutan una minoría de los adjudicatarios y pagan la renta un grupo reducido, ya que, en conjunto, adeudan más de dos años de alquiler. Tanta laxitud en los controles debería dar paso a una investigación sobre cómo se ha estado gestionando en los últimos años. A día de hoy, el parque público de la vivienda no es un elemento válido con el que pueda contar el Gobierno.

Sedes
Vamos con Sedes, la empresa pública del Principado destinada a la construcción y promoción de inmuebles, que tiene el accionariado repartido entre dos socios: el Principado, 60% del capital, y Unicaja, 40%. A lo largo de este año ha ido perdiendo liquidez. Hace once meses, tardaba en pagar las facturas 7,5 días, y en el pasado mes de septiembre lo hacían en 49,3 días. En 2023, las pérdidas llegaron a ser de 1,4 millones. Las mayores de los últimos quince años. Ante esa situación obtuvo un crédito avalado por el Principado para atender los compromisos del corto plazo. En septiembre sus acciones valían 2,9 millones. Con unas deudas que superan el capital, el crédito citado no sería solo para recuperar la liquidez, sino también para abandonar la insolvencia.

Con estos instrumentos, Vipasa y Sedes, hace política de vivienda el Principado. Basta mirar las cifras expuestas para comprender que son más un obstáculo que una ayuda. En el caso de Sedes, a la insolvencia se suma el anacronismo de tener una empresa constructora gestionada desde un gobierno. Vipasa podría tener una razón de ser, ya que para fines específicos de la Administración se crean, a veces, empresas, pero dado el sindiós en que ha devenido, sería mejor que la vivienda pública fuera gestionada, directamente, desde los órganos de la Administración autonómica.

Cuando Adrián Barbón, o cualquier consejero del Gobierno, diga que no puede recortar gasto corriente, ya saben hacia donde tienen que mirar. Cuando quieran reducir la burocracia, también. Si no saben de donde sacar dinero para financiar la inversión productiva –pariente pobre del presupuesto–, ahora ya lo tienen claro.