En la Junta General de Cogersa se fijó la nueva tarifa que pagarán los ayuntamientos al consorcio por los residuos orgánicos: 80 euros. La consejera Roqueñí, presidenta del consorcio, justificó el precio: «Entiendo que es una tarifa necesaria para no incurrir en pérdidas en un consorcio que siempre hizo gala de equilibrio financiero». De sus palabras se deduce que la tarifa es la variable de cierre para cuadrar las cuentas, cuando las tasas de servicios públicos no deben superar el coste de la prestación ¿Cuál es la prestación? Recoger la basura y apilarla en el vertedero. ¿Nos cuesta 80 euros por hogar el recorrido de los camiones vaciando los cubos de ciudades y pueblos, y su posterior descarga en el vertedero? Es evidente que no. Lo más costoso es el transporte y en 2022 apenas superó los ocho millones.

La tarifa financia otras cuestiones, como las sanciones que recoge la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por apilar la basura municipal en vertederos o la reconstrucción de la planta de basura bruta que se quemó en el pasado mes de abril. La exministra Teresa Ribera se sirvió de la ley citada para obligar a los ayuntamientos a afrontar un tratamiento costoso de los residuos, aprobando una tabla de sanciones que en el caso de la basura municipal se fija en 40 euros por cada tonelada descargada en el vertedero. Por esa razón el Principado se puso a construir con celeridad una planta de basura bruta, con la mala suerte de que a los tres meses de inaugurarla ardió en llamas y ahora Cogersa tiene que pagar la reconstrucción de la planta (14,7 millones) y el coste-multa fijado por Ribera por cada tonelada.

A la hora de votar la propuesta del Principado (80 euros), los socialistas lo hicieron a favor y los del PP en contra. Ganó el ‘si’ por unas décimas. Pintueles, edil del PP de Gijón, argumentó el rechazo al «tarifazo» diciendo que no se puede pagar lo que no existe: el tratamiento de basuras. Sin planta de basura bruta, toca pagar por lo que hay: el transporte y almacenamiento de la basura en el vertedero. Curiosa, por no calificar de patética, la postura de los ediles de Foro. El representante del concejo de Salas votó ‘no’, su compañero de Colunga dijo que ‘sí’, y Gilberto Villoria, miembro del equipo de gobierno de Gijón, se abstuvo. Igual reciben por la vía del pacto con Barbón lo que pierden los gijoneses por Cogersa. Hace años, Fernando Couto, vicealcalde de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, fue la figura clave para detener los desorbitados crecimientos de la tarifa de Cogersa.