El 41º Congreso Federal del PSOE dejó pocas cosas para el recuerdo. Fue una repetición de la escena que a diario nos muestran los dirigentes socialistas, con esa mezcla de indignación impostada ante los escándalos que publican los medios –y no dan por sobreseídos los jueces–, y la vaciedad de argumentos; Sánchez dijo a los delegados del Congreso: «tenemos una sola prioridad, volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027 en toda España». Para entendernos, es como si un entrenador de fútbol dijera a sus jugadores: sólo os pido una cosa, ganar el partido.

Dos asuntos me llamaron la atención. El primero es el sonrojante protagonismo en el Congreso de la esposa del presidente del Gobierno. Qué hubiera dicho Sánchez si la mujer de Rajoy hubiera asistido a un congreso del PP, entrando en el recinto escoltada por Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, para sentarse, luego, en primera fila entre la ovación de los delegados. Dicen que hay que separar lo público de lo privado. Quizás sea preciso especificar: no hay que juntar familia y partido.

Vivienda
El otro asunto es la creación de una «gran empresa pública de la vivienda», que hará de promotora y constructora. Las competencias sobre la vivienda corresponden a las comunidades autónomas; así que, para actuar en ese sector, el Estado depende de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos. De no mediar un acuerdo previo con las otras administraciones, la medida sólo servirá para extender la lucha política al suelo y al ladrillo. Si la gran empresa pública se convierte en realidad, no quiero pensar la cantidad de ‘Koldos’ que pulularán en torno a ella.

Vamos a lo importante. Se trató una cuestión en el Congreso que tiene interés para la política española y asturiana: el acuerdo sobre financiación. En la resolución hay aspectos claramente positivos para Asturias y otras regiones. El principio de ordinalidad que limita el compromiso de las comunidades ricas con el resto de territorios no se contempló en la resolución. También es positivo que se diga en el texto que el nuevo modelo de financiación será aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera multilateral.

Preocupación
Si se desecha la ordinalidad, y se mantiene el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva consigo la multilateralidad, las amenazas que se cernían sobre el nuevo sistema de financiación quedan arrumbadas. Pero, por desgracia, no es así, porque en el acuerdo hay afirmaciones preocupantes. Nada más reafirmar la forma de aprobar el modelo de financiación, se añade: «sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes Estatutos de Autonomía».

Es decir, el modelo es multilateral, pero también bilateral, de forma que habrá una gran parte del mismo que será común a todos, pero luego por la vía de la bilateralidad algunas regiones podrán mejorar su financiación a costa del Estado (no hay otro sitio de dónde sacar el dinero). Se puede argüir que todos los gobiernos regionales podrán apelar a la relación bilateral con el Estado, pero esta será, por definición, asimétrica, ya que la bilateralidad estará en función de lo que digan «los diferentes Estatutos de Autonomía».

Hasta la fecha, todos los sistemas de financiación autonómica aprobados no contemplaban la bilateralidad ni hacían mención a los textos estatutarios. Todo indica que las novedades introducidas en el acuerdo no son inocentes.

Las reacciones de ERC y Junts a lo aprobado en el Congreso fueron muy duras, pero no nos deben extrañar. Más interés tiene lo dicho por Silvia Paneque, portavoz del Gobierno de Salvador Illa: «el principio de ordinalidad y el de solidaridad deben ir unidos en el nuevo sistema de financiación de Cataluña». Es decir, blanco y negro a la vez. Y añadió: «el tema del cupo catalán es una partida terminada. Juego terminado». De todo lo anterior se infiere que Pedro Sánchez planea hacer un modelo con premisas de la financiación territorial clásica que se completará con un acuerdo bilateral con la Generalitat que recoja los privilegios acordados entre los socialistas catalanes y ERC.

Madrid
En el acuerdo se incluye el rechazo al dumping fiscal: «mientras bajan impuestos a sus elites económicas, solicita más fondos al Gobierno central». No podía acabar el congreso sin atacar al Madrid de Ayuso.

Por falta de espacio no voy a hacer mención al término «dumping fiscal», un auténtico absurdo. Vamos con Madrid. En el modelo de financiación lo que aportan o reciben las comunidades autónomas se calcula al margen de que suban o bajen impuestos. Si Madrid baja los impuestos, tendrá que seguir aportando lo mismo a la caja común, pero tendrá menos dinero para hacer frente a su factura sanitaria o educativa. Es su problema. Por cierto, a petición de Junts, el pasado marzo, el Ministerio de Hacienda publicó los datos de financiación territorial. En el Fondo de Garantía, Madrid aporta 4.619 millones y Cataluña, 1.697. En el Fondo de Suficiencia, Madrid aporta 5.465 y Cataluña recibe 732. En términos globales, solo Madrid, Cataluña y Baleares aportan, el resto de las regiones reciben. Una vez hecho el reparto de aportaciones y recepciones, Madrid se convierte en la quinta región de España con menos financiación por habitante. Y todavía hablan de «dumping», «insolidaridad», etcétera. ¡Cuánto fango!