La Conferencia de Presidentes tiene un antecedente remoto, en 1990, siendo Felipe González presidente de Gobierno, pero fue con Zapatero cuando las cumbres adquirieron protagonismo político y social, celebrándose tres en su primer mandato, para tratar asuntos de la Unión Europea, de la sanidad, inmigración, etc. En su segundo mandato sólo convocó una, en 2009, en plena crisis económica. Rajoy, pese a contar con mayoría absoluta, se limitó a presidir una.

El cambio se produjo con Pedro Sánchez en la Moncloa, al convocar una veintena de conferencias entre 2020 y 2022. En la mayoría la participación fue telemática, por causa de la pandemia. La actividad parlamentaria era inexistente, o estaba bajo mínimos, y el presidente del Gobierno aparecía todas las semanas en las pantallas de los hogares españoles para informar a los ciudadanos confinados de los avatares de la pandemia. La Conferencia de Presidentes se convirtió en una especie de Parlamento improvisado donde el 90% del tiempo sólo hablaba el presidente. Felipe González, el español con más horas de vuelo en política, aprovechó dos entrevistas para pedir que el Congreso de los Diputados recuperara su dinámica de trabajo. Una petición urgente porque España llevaba tres meses sin oposición. Luego, el Tribunal Constitucional declararía que el primer estado de alarma había sido inconstitucional, en algunos aspectos, y la escandalosa prórroga por seis meses (segundo estado de alarma) fue declarada inconstitucional en su totalidad.

Con esos antecedentes, y la última Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma (marzo de 2022), llegamos a la cumbre de Santander, en un contexto nuevo marcado por la intensa polarización del debate político que tiene su máximo exponente en las sesiones parlamentarias de los miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando socialistas y populares, más grupos afines, se afanan en lanzar invectivas para abatir al rival.

Mesura
En ese ambiente, de la cita cántabra no podía salir nada positivo. Celebrado el encuentro, hay que reconocer que el programa se cumplió sin sobresaltos y que el debate –muy encorsetado como en todas las Conferencias de Presidentes– no tuvo nada que ver con el espectáculo denigrante que nos ofrecen Gobierno y oposición en el Parlamento.

Pedro Sánchez, sabiendo, a priori, que del Palacio de la Magdalena podía sacar pocos logros, vendió muy pronto la foto de familia (Felipe VI, presidente del Gobierno, presidentes autonómicos, presidentes del Congreso y del Senado) como prueba fehaciente de «la unidad territorial de nuestro país». De asuntos concretos finalizados, sólo están los 223 millones de euros destinados a recursos tecnológicos para sanidad. Aunque el ambiente hubiera sido favorable, no se habría llegado mucho más lejos, porque en cuatro o cinco horas de reunión, asuntos de tanto calado como los que había sobre la mesa (financiación autonómica, vivienda, inmigración) tienen que venir trillados a través de un trabajo previo o se quedan en declaración de intenciones.

Deudas
El asunto estrella fue el modelo de financiación territorial. Aunque no hay nada en firme, el presidente del Gobierno habló de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero, donde se podría discutir del modelo de financiación y proceder a negociar la condonación de una parte de la deuda que asumieron las comunidades autónomas con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La cuestión de la deuda se presta a controversia. No todas las comunidades recurrieron al FLA y, entre las que se endeudaron por esa vía, lo hicieron con distintas cantidades. Cuando se firmó el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez (noviembre 2023), Cataluña tenía una deuda de 73.110 millones con el FLA, y el Gobierno prometió una quita de 14.662 millones (20% de la deuda). Había otras regiones muy endeudadas: Valencia 38.344 millones, Andalucía 25.409, Murcia 10.286.

Asturias
En situación opuesta estaba Asturias, con 858 millones, La Rioja tiene 805, y Madrid que no se endeudó con el FLA. Si se aplica la regla del 20% de quita para todos, a Asturias se le condonan 171,6 millones y a Cataluña, 14.662 ¿Es justo ese trato? Cuando cualquier institución pública, empresa o particular negocia la refinanciación de sus deudas con un intermediario financiero, no se sigue esa extraña lógica.

Voy a poner un ejemplo que sirva de contraste para verlo más claro. Si una comunidad debe un millón de euros y le condona el Gobierno el 90%, se queda con 100.000 euros de deuda. Si se toma como referencia el 90% para al resto de territorios y una región debiera 100.000 millones, ¿asumiría el Gobierno una quita de 90.000 millones? ¿Alguien juzgaría de justa y equilibrada esa forma de ayudar el Estado a las distintas comunidades? Tomaduras de pelo, las justas.

Sobre el modelo de financiación, el presidente del Gobierno deslizó algunas nociones: blindar la solidaridad interterritorial (bueno para Asturias), definir el concepto de población ajustada (clave del modelo) y «delimitar los espacios fiscales de cada nivel de Gobierno». Al parecer, bajo el eufemismo se esconde impedir que Ayuso baje los impuestos porque hace dumping fiscal. Ahora dicen que el dumping se debe a la capitalidad. A ver si Macron se anima y le mete mano a París. Y Meloni a Roma. El culebrón continuará en enero.