El Gobierno del Principado espera ingresar 500.000 euros por sanciones a las viviendas turísticas a lo largo de 2025. Por esa actividad administrativa (inspección) prevé acabar el presente ejercicio recaudando un total de 150.000 euros por multas. El mero anuncio de elevar el cobro en un 227% supone una amenaza para cualquier propietario de viviendas turísticas y constituye, además, una forma de desanimar a los ciudadanos que pensaban obtener un beneficio de ofertar una o más viviendas en el mercado. Desde el verano de 2023 hay una campaña del Principado contra ese tipo de alojamientos.

Hay un problema real con la vivienda en España y varios gobiernos, empezando pro el que encabeza Pedro Sánchez y siguiendo por el de Adrián Barbón en el Principado, han transmitido el mensaje de que la vivienda turística es un producto tóxico que está detrás de la dificultad de los jóvenes de acceder a un piso para vivir. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 había 26,6 millones de viviendas construidas en España; en el presente hay 350.000 viviendas turísticas, que representan el 1,3% del total de viviendas. Es decir, según el discurso oficial, un porcentaje minúsculo de inmuebles son capaces de desequilibrar el mercado.

El Principado aprobó la Ley de Turismo con la finalidad de poner coto a la vivienda turística. Junto a la norma está la gestión diaria de reducir la concesión de licencias. Una política intervencionista que tiene como principal efecto reducir la oferta y la consiguiente alza de precios. Hay que preguntarse por los ganadores y perdedores de esta operación.

El ganador es, sin duda, el sector hotelero que sufre la competencia de las viviendas turísticas, sobre todo si se trata de familias con tres o más miembros o de grupos de amigos: es más barato el piso turístico que ocupar dos o tres habitaciones de hotel. Los hoteles fueron, históricamente, la gran palanca del boom turístico en España. Un sector que tiene muchos más puntos de contacto con los gobiernos, en Asturias y fuera, que las asociaciones de pisos turísticos. ¿Quién pierde? Por un lado, los turistas, que tendrán menos ofertas de alojamiento y más caras, y por el otro los propietarios de viviendas que no podrán sacar el rendimiento que esperaban a sus inmuebles. Por cierto, los jóvenes que no pueden pagar los alquileres, no verán mejorada su situación, porque solo el crecimiento de la oferta bajará los precios. Y para eso hace falta que los propietarios tengan la garantía de cobrar el alquiler. Una garantía que no ofrece la Ley de Vivienda.