El conflicto que libran los trabajadores de Hunosa con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) por el plan de futuro de la empresa ha enturbiado las relaciones del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA) con el presidente del Principado. Según el sindicato, tras nueve meses de negociaciones, había un principio de acuerdo con la dirección de Hunosa, pero la entrada de la SEPI en las conversaciones sólo sirvió para hacer tabla rasa de lo negociado. Que el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y exconsejero de Industria del Principado, se alineara con la SEPI (¡qué remedio!, es un directivo de la SEPI) dejó más desamparados a los mineros. El Soma critica al Principado por no haber contactado con los trabajadores ni realizar gestiones para desbloquear la situación. Según la dirección del sindicato, «Barbón no es proactivo en una cuestión vital para las comarcas mineras». Se refieren a pactar el plan de futuro que asegure la viabilidad de Hunosa y su «transformación en empresa energética» (Hunosa, desde su fundación, fue una empresa del sector energético).

Las organizaciones centenarias (el SOMA se fundó en 1910) responden a su historia y el sindicato minero siempre utilizó las vinculaciones políticas para lograr objetivos sindicales. Adrián Barbón, tal vez podría jugar algún papel en el conflicto derivado del cierre del pozo Nicolasa y la consiguiente recolocación del excedente laboral, pero los tiempos han cambiado.

El cierre de las explotaciones hulleras y la caída de la mano de obra (Hunosa tiene 430 trabajadores en plantilla y 170 en contratas) han debilitado al sindicato. No tiene capacidad para hacer que la política asturiana orbite en torno sus problemas. Se quejan desde el sindicato de Barbón, pero apenas recuerdo casos en que los presidentes del Principado se hayan volcado en la resolución de conflictos laborales. La excepción es Vicente Álvarez Areces, comprometiéndose personalmente en el conflicto del naval o logrando que Suzuki se quedara de Gijón (luego llegó otro presidente que dijo que se trataba de «una deslocalización de libro» y los japoneses se fueron).

Este asunto tendrá repercusiones políticas, desmarcándose los dirigentes mineros del bloque del ‘sanchismo’ que lidera Barbón. Ya habían tenido discrepancias sobre la candidatura del PSOE en las elecciones generales o la entrada de IU en el Gobierno. El conflicto generado por el cierre de Nicolasa será el golpe definitivo.