Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta General del Principado, pide que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, dimita del cargo al entender que no es ético estar al frente de la gestión minera del Principado, teniendo familiares directos (marido, hermana) en cargos directivos de Minersa, empresa que se dedica a la producción de minerales industriales. Afirma el diputado del Grupo Mixto que, aunque ella se abstenga, subordinados suyos tienen que tomar decisiones sobre la empresa. En el caso de que no dimita, Pumares exige al presidente Barbón que la destituya.

Estamos ante una de las escasas veces (quizás la primera) en que Pumares plantea un asunto muy incómodo para el presidente del Principado. De todos es sabido que la relación del Gobierno con Foro, más allá de la retórica discursiva, se asemeja a la de dos socios o aliados parlamentarios. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, digamos que el propio Pumares no tiene claridad conceptual sobre el problema que denuncia, al afirmar que «la consejera puede estar actuando de forma ejemplar, pero Minersa no está actuando de forma intachable y pulcra». Si fuera así, el Principado debe tomar medidas contra Minersa, no contra Roqueñí. Actuar de una forma «ejemplar» es mucho más que respetar la legalidad, es decir una y cien veces a los colaboradores que no quiere saber nada de las prospecciones mineras, es dejar toda referencia a esa actividad en manos de otro consejero (como sugirió en declaraciones), etc. En ese supuesto exigir su dimisión, a medio mandato, no cambiaría nada. En la práctica esa ejemplaridad no se le pide a nadie, porque va más allá de lo que demanda la ley. Lo correcto es establecer unas cautelas en los nombramientos para que los gobernantes cumplan con la legalidad, sin tener vocación de héroes.

Pumares tiene razón cuando declara que «Barbón no debió haberla nombrado nunca consejera». Entre las cautelas está evitar las teóricas concomitancias. No todo el mundo es ejemplar. Este es un asunto importante que nunca se ha cuidado en el Principado. Recordemos aquella dimisión de una consejera del presidente Fernández, gracias a la denuncia de EL COMERCIO. Más aún: a lo largo de las legislaturas nos hemos acostumbrado a ver como normal que entre las competencias de los consejeros del Gobierno estén incluidas actividades que constituyen el objeto de su actividad profesional. Recelamos de los ‘lobbies’, pero no les cerramos la puerta del Gobierno.