El Observatorio de la Dependencia, un instrumento creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para analizar esa prestación, considerada por muchos como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, aporta datos preocupantes sobre la gestión del Principado. En los siete años que van de noviembre de 2017 al mismo mes de 2024, murieron 11.115 asturianos que estaban en la lista de espera; a la mayoría (6.969) todavía no les habían valorado el grado de dependencia, mientras que los 4.146 restantes ya conocían su grado (leve, mediano, máximo), pero aún no disfrutaban de la prestación (ayuda a domicilio, centro de día, plaza geriátrica, etc.). El 2,9% de los solicitantes murieron sin conocer algún tipo de ayuda. En Galicia, sólo el 1,7% de las peticiones quedaron sin atender. En Cantabria, únicamente el 0,9%. En la cornisa cantábrica el País Vasco ofrece peores ratios que Asturias.

Para entender bien de lo que estamos hablando vayamos a datos globales: en España, la lista de espera queda reducida un 71,7% por la muerte de los peticionarios. Un total de 388.932 personas fallecieron, en los últimos siete años, esperando a ser atendidas. Las expectativas abiertas por la Ley de Dependencia, en 2007, cuando se empezó a aplicar, quedaron defraudadas por el número tan alto de personas con déficit de autonomía que murieron sin acceder a sus beneficios. Un fracaso tremendo que apunta directamente a los gobiernos autonómicos, por la creciente burocracia que lentifica las actuaciones y por no haber considerado la gestión de la dependencia como una prioridad social y política. En la sanidad hay planes de choque contra las listas de espera, en la dependencia no. La realidad es todavía más grave ya que el Imserso calcula que sólo el 33% de la población con derecho a recibir las ayudas las solicita.

Asturias no sale bien parada del chequeo a la dependencia. Somos la región que menos gasta por población dependiente. La media en España es de 1.377 euros por dependiente, mientras que en Asturias no pasa de 805 euros. Casi siempre que conocemos informes sobre cualquier materia que no son emitidos por la Administración pública correspondiente, Asturias sale vapuleada. El presidente del Principado decía, el pasado mes de julio, que iba a blindar el Estado del Bienestar y ahora vemos que a la hora de dedicar recursos a la dependencia vamos en el furgón de cola. La comunidad autónoma más envejecida de España no puede mostrar tanta desatención por los mayores.